El juzgado sobresee la querella del PP contra el alcalde en compra de dos motocicletas

El Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa ha sobreseído provisionalmente la querella que presentó el PP contra el alcalde, el socialista Gaspar Lloret, y el edil de Seguridad Ciudadana como supuestos autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

EFE La denuncia, que fue interpuesta en diciembre de 2007, fue suscrita judicialmente por cinco de los diez ediles populares y hacía referencia a la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local, según informaron fuentes populares.

Asimismo, los querellantes explicaban en el escrito judicial que el concejal de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Vidal, encargó también, "a título particular", una tercera moto a la misma mercantil.

Por lo que respecta a la primera parte de la denuncia, el Tribunal considera que, "de las declaraciones de los querellados y de los documentos aportados, sólo se desprende que pudieran existir ciertas irregularidades en el proceso de contratación pero en ningún caso los delitos imputados" a los denunciantes.

En cuanto a la imputación contra el edil de Seguridad Ciudadana, el Tribunal afirma que "ha quedado acreditado que adquirió la motocicleta particular con sus medios privados, sin que exista el más mínimo indicio de que la aportación fuese a costa de los caudales públicos".

El auto emitido por el juzgado de Villajoyosa refleja como fundamentos jurídicos que, "de las actuaciones realizadas se deriva que los hechos que han dado lugar a la formación de la causa no son constitutivos de ilícito penal".

La denuncia de los populares indicaba que en octubre del pasado año el edil de Seguridad Ciudadana, "sin haber incoado o tramitado expediente administrativo alguno de contratación", encargó a una empresa dos motocicletas para la Policía Local por 25.984 euros, "sin previsión ni consignación presupuestaria".

Esta actuación contó, según el PP, con el "conocimiento y coautoría" del alcalde, Gaspar Lloret, y del secretario del Ayuntamiento, Vicent Ferrer, que expidió tres días después el certificado del encargo.

Según los concejales, el precio de las dos primeras motocicletas recomendado por el distribuidor oficial era entre los 9.349 (sin ABS) y los 9.999 euros (con ABS), lo que arrojaba un precio máximo para los vehículos policiales de 18.698 euros, a los que habría que sumar el coste de rotulación, la sirena y las luces, que no superaría los 2.000 euros.

La suma, que incluye el IVA y el impuesto de matriculación, distaba de los 25.984 euros que costaron las motocicletas, por lo que los populares no consideraron una "casualidad" que la moto privada y encargada por el concejal tuviera un coste en el mercado de 3.449 euros.