REDACCIÓN
El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha decretado la suspensión cautelar provisional del acuerdo del pleno municipal que concedía a la UTE Tyosa-Aguas de Valencia SA, la concesión de la red de aguas potables y alcantarillado del municipio de Altea, según informó ayer en rueda de prensa el alcalde, Andrés Ripoll. La suspensión cautelar provisional se ha decretado a raiz de un recurso presentado pro la empresa Aqualia, contra dicha resolución.
Aqualia era la empresa que los informes de los técnicos municipales determinaban que ofrecía la propuesta más ventajosa, frente externo presentado por el grupo municipal del Partido Popular que esgrimía como mas ventajosa la propuesta de Tyosa-Avsa, que fue la que finalmente se alzó con la contrata con los votos del grupo popular (9) y de dos concejales del Bloc, frente a los votos de los concejales del PSOE (8) y Cipal (1).
Ante esta situación, Aqualia presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Altea en virtud de la cual el Juzgado de los Contencioso número 1 de Alicante ha dictaminado la suspensión provisional del acuerdo de adjudicación del servicio del agua a UTE-Tyosa Aguas de Valencia. Dicha diligencia se comunicó el pasado martes al consistorio, y se le cita para que hoy, 30 de octubre, asista a la sala de vistas del Juzgado para celebrar una comparecencia a partir de las diez y cuarto de la mañana, según dio a conocer el alcalde de Altea, el socialista Andrés Ripoll.
Además, el primer edil ha anunciado que la "suspensión de la adjudicación es provisional y todavía no es firme" hasta que el Juzgado resuelva su levantamiento, mantenimiento o modificación, una vez oídas a todas las partes. Según recordó el primer edil, los informes técnicos y jurídicos ya advertían que la decisión plenaria en contra de los informes técnicos municipales y la mesa de contratación podría tener consecuencias que "ya se empiezan a materializar".
Ripoll ha manifestado que esta situación es perjudicial para el consistorio: "si al final se decide la suspensión cautelar, se impedirá que ninguna empresa se pueda hacer cargo del servicio que tendría que continuar Aquagest, como hasta ahora". Por lo tanto, el primer edil lamenta que "no se podrían realizar las mejoras que se proponían en el pliego de condiciones y que pretendían que la red se adecuara tal y como marca la normativa europea para 2012".
Además, el pago al Consorcio de Aguas tendría que continuar abonándolo el Ayuntamiento y no la empresa adjudicataria. Por otro lado, el concejal de Infraestructuras, Santiago Ronda, ha recordado que ya se había firmado el contrato con UTE-Tyosa Aguas de Valencia y que la mercantil ya había realizado inversiones en infraestructuras para ofertar el servicio y "si se decreta la paralización cautelar podrían solicitar una indemnización si no interviene en el servicio", señaló.