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VICENTE ZARAGOZA Por segunda vez en menos de cuatro años, el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Benidorm prorrogará la concesión para la explotación de la red de aguas potables y alcantarillado a la empresa Aquagest. La comisión de Hacienda dictaminó ayer la moción presentada por el titular del área, Francisco Saval, al pleno municipal para ampliar la concesión hasta el año 2037, cuando aún faltan nueve años para que, en 2017, finalice la prórroga por diez años aprobada por el pleno en noviembre de 2004.
La razón para adoptar esta medida, reconocida por miembros del propio equipo de gobierno, es conseguir liquidez económica para las arcas municipales que se encuentran bajo mínimos y poder afrontar el pago de nóminas de los funcionarios. La oposición se ha mostrado crítica con esta medida, acusando al equipo de gobierno de sustraer al resto de emprases del sector de la libre participación en los concursos públicos de contratas de servicios.
En la propuesta dictaminada ayer se estipula que, a cambio de la prórroga de la concesión de la explotación de la red de aguas y alcantarillado por otros 20 años más, la empresa Aquagest Levante S.A. debe constituir un fondo de inversión por importe de diez millones de euros, "y entregar a este Ayuntamiento antes del 31 de diciembre de 2008 la cantidad de tres millones de euros en concepto de adelanto de parte de su beneficio industrial".
En este sentido, la propia concejalía de Hacienda reconoce que el anterior fondo de inversiones constituido tras concederse la anterior prórroga de la concesión por diez años, por un importe de cinco millones de euros, se ha agotado, a pesar de que no ha transcurrido ni la mitad del periodo de 10 años establecido en la misma. En esta ocasión, "y ante la necesidad de acometer nuevas inversiones de renovación y mejora de las redes de agua y alcantarillado, que el Ayuntamiento no puede acometer exclusivamente con fondos propios", se establece duplicar la cantidad del fondo de inversiones, y, proporcionalmente el periodo de prórroga, que se establece en 20 años, a contar a partir de cuando finalice la anterior ampliación, en julio de 2017.
En este sentido, la portavoz para temas económicos del grupo municipal socialista, Natalia Guijarro, señaló la "imposibilidad" de poder realizar un estudio sobre las necesidades del servicio a 29 años vista, fecha en la que finalizará la concesión y de la que el fondo de inversiones, debe cubrir cuantas obras y proyectos requiera la mejora y mantenimiento de las redes de abastecimiento y residuales. Guijarro señaló que la postura del grupo socialista se manifestará en el pleno municipal, aunque fuentes del propio grupo político expresaron la intención de, una vez el pleno se pronuncie, estudiar la legalidad de que una concesión se pueda prorrogar por periodos que multiplican por siete el plazo establecido originalmente en las bases del concurso.
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