JULIO MARÍN
La empresa Aqualia, que no resultó adjudicataria de la contrata del agua en Altea, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del acuerdo plenario que otorgó la concesión a la UTE formada por Tyosa y Aguas de Valencia. La mercantil señala que con la suspensión cautelar se evitará "la automática subida de un 35% de las tarifas" que figura en la oferta de la UTE "y que el Ayuntamiento no incurra en previsibles posteriores indemnizaciones".
La adjudicación a Tyosa-Aguas de Valencia tuvo lugar el pasado mes de agosto en un polémico pleno. El gobierno formado por PSOE y Cipal apoyaba la oferta de Aqualia, que estaba avalada por los informes técnicos municipales y la Secretaría del Consistorio. Sin embargo, el PP se apoyó en un informe externo encargado por el grupo municipal que, según Aqualia, "no entra a estudiar ninguna de las otras tres ofertas y solo analiza la viabilidad económica de la propuesta de Aqualia, llegando a la conclusión aberrante de que no es viable porque no incrementa las tarifas". Aquel informe concluía que la mayor puntuación debería darse a la oferta que mayor incremento de tarifas proponía para los usuarios. El Bloc, por su parte, basó su apoyo a Tyosa-AVSA "en que se trata de una empresa local y que, por tanto, dispone de medios propios en la zona". Populares y nacionalistas votaron a favor de la oferta de Tyosa-AVSA que fue la que se quedó la concesión.
Fuentes de Aqualia indicaron ayer que la resolución adoptada por el pleno alteano "contradice la nueva ley de contratos que deja muy claro y separa cuáles son las decisiones políticas y cuáles las técnicas, siendo la valoración de ofertas una decisión claramente técnica y no política". La mercantil añade que tomará las "acciones legales oportunas" para asegurar "la transparencia e imagen de los concursos públicos y del sector, en defensa de los principios de igualdad de oportunidad y objetividad".
Aqualia abunda asimismo en que si el PP y el Bloc hubieran mostrado su disconformidad con los informes técnicos municipales "deberían haberlo manifestado en la mesa de contratación o plantear a los órganos competentes del Ayuntamiento la realización de informes técnicos alternativos, pero de carácter global y no parcial". De igual modo, la mercantil critica la solvencia técnica e imparcialidad del citado informe externo porque la empresa que lo hizo "no tiene la suficiente experiencia, adolece de parcialidad y no considera ningún aspecto técnico".