V. ZARAGOZA
El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Bautista Saval, ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar de incumplir el plan de reencauzamiento del río Algar que sus propios técnicos elaboraron a raíz de las fuertes lluvias de octubre del pasado año. La crecida del río provocó el arrastre de materiales que cegaron el cauce del río y originó el desbordamiento del mismo, anegando campos y destrozando caminos rurales.
En este sentido Saval acusa a la CHJ de "hacer oidos sordos" a las reivindicaciones del Ayuntamiento para que acometa el reencauzamiento "tan necesario para el municipio, pues los propietarios de tierras y agricultores de la zona temen que cuando vuelvan las lluvias, se van a producir daños peores que los de la última riada".
En este sentido Saval señalaba ayer que la Confederación se había limitado a reparar "un pequeño tramo" de todo el plan de reencauzamiento elaborado por los técnicos, y que además este trabajo, localizada en la zona de entrada al paraje de las Fuentes del Algar, se había hecho "de forma ineficiente", dado que las últimas lluvias "han arrastrado todos los ripios de contención".
Por otro lado, y referente a las ayudas en la reparación de infraestructuras municipales recientemente aprobadas por el Gobierno, el alcalde de Callosa d'en Sarrià, al que le corresponden 332.000, ha criticado que, además de la tardanza en aprobar las mismas, "ahora es la Diputación la que tiene que hacer un plan financiero para hacerse cargo del 50% que le corresponde, mandarlo a Madrid, y que una vez finalizado todo el proceso, es cuando el Ministerio ingresará su parte a la Diputación y ésta lo remitirá a los ayuntamientos". Para Saval, todo este procedimiento es "reprobable", ya que "si los ayuntamientos han tenido que hacer frente a las obras de emergencia, y los proyectos ya han sido aprobados, lo que tiene que hacer el Gobierno es enviar el 50% que le corresponde financiar a los municipios, para que estos puedan ir pagando a las empresas que han hecho las obras", agregando que lo que se está haciendo ahora "es dilatar nuevamente el proceso como mínimo un mes más hasta que se confeccionen los planes financieros". Saval criticó igualmente que los créditos ICO aprobados para particulares se han notificado fuera de plazo, "con lo que las entidades de crédito se niegan a conceder los mismos a los afectados, por la mala gestión de la Subdelegación del Gobierno".