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URBANISMO

Un acuerdo entre las partes zanja el bloqueo del plan Armanello

El mercadillo Pueblo retira de los tribunales las causas pendientes contra Enrique Ortiz y consigue mantener una parcela en su actual ubicación

 18:31  
Una imagen de los terrenos del plan Armanello, con la zona en la que se ubica el mercadillo Pueblo
Una imagen de los terrenos del plan Armanello, con la zona en la que se ubica el mercadillo Pueblo ROSARIO FRAILE
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  El coste creció hasta los 83 millones.  Benidorm/Marina Baixa

JULIO MARÍN El inicio de la urbanización y desarrollo del Plan Parcial Armanello, el más grande y extenso de todo el término municipal de Benidorm, podrá ejecutarse en el momento que lo desee el agente urbanizador, Enrique Ortiz, tras el acuerdo al que han llegado las partes que estaban en litigio.
Según ha podido saber este periódico, los representantes legales del mercadillo Pueblo y el constructor han cerrado un acuerdo por el cual los primeros retirarán las causas judiciales que aún están pendientes, lo que permitirá vía libre a la ejecución del plan parcial. Aunque los contenidos de dicho acuerdo no han trascendido "porque el Ayuntamiento aún no tiene constancia oficial del mismo", sí se conoce que el mercadillo contará con una parcela para desarrollar su actividad en el mismo lugar que ahora ocupa.
Alberto Padilla, uno de los abogados del mercadillo, confirmó ayer la existencia del acuerdo entre las dos partes, que calificó de "satisfactorio para ambos". En este sentido, también detalló que ayer estaban redactando los escritos que presentarán hoy o mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ante el Tribunal Supremo, cuyas salas debían todavía pronunciarse sobre la suspensión cautelar que pesaba sobre el desarrollo del citado plan urbanístico y sobre la legalidad o no de la adjudicación a Ortiz, amén de otros contenciosos que ya habían sido resueltos. "El paso siguiente será que el juzgado deje sin efecto las causas que quedan pendientes" explicó Padilla.
Por su parte, desde la Concejalía de Urbanismo de Benidorm, su titular José Ramón González de Zárate no quiso hacer ninguna valoración "porque no tenía conocimiento oficial del acuerdo", aunque destacó que "el Ayuntamiento ha hecho muchos esfuerzos para que se llegara a ésto".
El Ayuntamiento de Benidorm otorgó la urbanización del plan parcial a Enrique Ortiz en julio de 2001, una actuación que, una vez finalizada, acabará con buena parte de la huerta de la localidad. El plan ocupa una superficie de 667.000 metros cuadrados y tendrá cabida para unas 4.000 viviendas. Ortiz se asoció posteriormente con otros empresarios como Ballester, Manuel Puchades o la inmobiliaria de Bancaja, así como con la mercantil Mare Nostrum que con anterioridad había pujado por la adjudicación, dando nombre a la sociedad Armanello Millenium.
La ambición del Ayuntamiento es que esta zona se convierta en un pulmón verde que debería sumarse a otros parques ya proyectados, pese a que hay una notable reducción de la zona verde con respecto al proyecto inicial. Otra de las ventajas que se espera lograr es la desviación de buena parte del tráfico de salida de la ciudad hacia otros municipios. Lo que no está definido aún es si Armanello albergará el famoso Palacio de Congresos

Los jueces ya habían rechazado que hubiera estafa

La historia judicial de este plan viene de atrás. En noviembre de 2006 el Juzgado de Instrucción número dos de Benidorm dictó el sobreseimiento provisional de la querella por estafa y alteración de los precios en concursos públicos y estimó que el constructor Enrique Ortiz había logrado la concesión sin vulnerar la ley.
Posteriormente, en abril de este mismo año la Sala Tercera de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación presentado por el mercadillo y varios propietarios más. Acusaban también a los urbanizadores de varios delitos, entre ellos alteración del precio en concursos públicos y subastas y estafa.
Antes de ello, el juez había fallado a favor del mercadillo al devolver la condición de urbanizador a Ortiz, después de que la hubiera cedido a Armanello Millenium, un conglomerado de empresas en el que se encontraban los más importantes constructores de la provincia y la Comunidad. En el proceso administrativo, se comunicó al Ayuntamiento un incremento en los costes de 20 millones de euros. Pese a ello, el juez decidió que "no había indicios de ilegalidad".

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