VICENTE ZARAGOZA
La Dirección Provincial de Costas y el Ayuntamiento de Finestrat han valorado en cerca de dos millones de euros el justiprecio por la expropiación del edificio Ánfora, situado en La Cala. El inmueble lleva 30 años en situación irregular y el Consistorio decretó en octubre del pasado año su desalojo por el deterioro de la estructura. El Consejo de Ministros declaró de utilidad pública la parcela que ocupa el edificio, el cual, tras el preacuerdo alcanzado ayer entre las administraciones y los propietarios, será derribado en el mes de enero, según anunció ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, tras la reunión para tratar el asunto.
El preacuerdo suscrito ayer entre las partes refleja las condiciones que se pactaron en 2006, aunque se modifica la tramitación del mismo, basada en el artículo 25 del Reglamento de Expropiación, que pasa por la fiscalización de las indemnizaciones por la Intervención del Estado y por la ratificación del acuerdo por parte de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.
El acuerdo se alcanzó al cumplirse las exigencias de las administraciones para que los representantes legales de una de la propietarias, Ingrid Sacher, retirara el recurso de alzada interpuesto contra la declaración de utilidad pública de la parcela por el Consejo de Ministros. El pacto entre la Dirección Provincial de Costas, el Ayuntamiento de Finestrat y los cinco propietarios del inmueble y sus representantes, estuvo a punto de no firmarse por las exigencias de los representantes de las entidades financieras para que fuera consignado específicamente las cantidades asignadas. Del 1.999.996 euros que costará la expropiación, 460.000 serán aportados por el Ayuntamiento y el resto por el Gobierno, para lo que se ha fijado un plazo de seis meses para abonarse.