Benidorm espera iniciar a primeros de año el desarrollo del PAU-1 Murtal

JULIO MARÍN La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm confía en que a primeros del año que viene puedan comenzar los primeros trabajos de urbanización y desarrollo del PAU-1 Murtal, según manifestó ayer el edil José Ramón González de Zárate. En este suelo se construirán, según está previsto, unas 2.000 viviendas a cargo de la mercantil Prometosa Construcciones S.L.
El pasado viernes finalizó el plazo para presentar alegaciones al proyecto de reparcelación elaborado por el urbanizador, por lo que en el plazo de un mes aproximadamente, éstas deberán haber quedado resueltas -estimadas o no- según el criterio de la asesoría externa encargada por Urbanismo para ese asunto. Cumplido dicho trámite sólo quedará por hacer el correspondiente decreto de Alcaldía para que el proyecto de reparcelación sea registrado. Una vez inscrito en Registro el urbanizador tendrá luz verde para comenzar a desarrollar uno de los planes parciales más polémicos de los últimos años en la ciudad, el cual incluso mantiene abierto un proceso judicial contra el Ayuntamiento por parte del PSOE y de propietarios afectados.
El PAU-1 Murtal ocupa una superficie de 907.656 metros cuadrados, que equivalen a 149.820 metros cuadrados de techo, en los que se construirán alrededor de 2.000 viviendas, ninguna de ellas de protección oficial. L urbanización de este polígono se adjudicó a Prometosa a mediados del año 2002 en unas condiciones que posteriormente el pleno municipal tuvo que modificar. Al concurso optaron catorce empresas. Prometosa ofreció al Ayuntamiento el 34% del suelo urbanizable más el 10% que le correspondía por ley y 8,5 millones de euros. Cuatro meses después de la adjudicación la comisión de Urbanismo accedió a la solicitud de la empresa de ofrecer únicamente los 8,5 millones de euros y no el suelo urbanizable al considerar que la citada cesión de terrenos resultaba "excesivamente gravosa" y hacía "inviable" la actuación.
ANTECEDENTES
El PSOE mantiene abierto un contencioso
El edil socialista Jaime Llinares interpuso un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por entender que el Consistorio se había desprendido de suelo público destinado a viviendas protegidas en esta zona. El equipo de gobierno decidió pagar con suelo del propio Plan los costes de urbanización que le correspondían por el 10% del terreno de titularidad pública. Esa cantidad era de unos cuatro millones de euros, que el Ayuntamiento no había presupuestado. Llinares argumentó que el urbanizador había ofrecido el 34% del aprovechamiento lucrativo, unos 48.500 metros cuadrados útiles, equivalentes, según precisó en su día, a 13 millones de euros del año 2000.