Doce sentencias contradicen en un año la política urbanística del PP

C. F. Un total de doce sentencias judiciales han contradicho, desde 2007, la política urbanística desarrollada por el PP durante sus últimos cuatro años de mandato en el Ayuntamiento de La Vila, concretamente desde 2003 a 2007, sin contar las que hacen referencia al Atrium Beach.

En el último año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha fallado una y otra vez contra las decisiones plenarias que el gobierno del ex alcalde popular, José Miguel Llorca, aprobaba con sus votos, dando la razón a los contenciosos interpuestos, sobre todo, por el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret.

La primera desde la llegada al poder del actual gobierno cuatripartito fue la anulación de la tramitación del Plan Parcial 22 Secanet por "falta de motivación" en la elección de la mercantil adjudicataria de las obras, May Producciones, a pesar de que un informe técnico valoraba mejor a la empresa Hermanos Ávila. El sector contemplaba la construcción de 341 viviendas que hoy por hoy permanecen en el limbo. La sentencia considera infringida la legislación urbanística por "la falta de motivación de la elección de la alternativa aprobada".

A inicios del presente año, el TSJ anulaba el acuerdo plenario que programaba el Plan Parcial 27 Torres "por ser contrario a Derecho". En abril, el TSJ anulaba la permuta de una parcela de suelo dotacional del Plan Parcial 11 Tellerola 1, que el Ayuntamiento había llevado a cabo con la mercantil Valdeprocasa. La permuta cambiaba el céntrica chalé Centella y una parcela del patio escolar del colegio Mare Nostrum, sin posibilidad de edificar, por una parcela municipal de más de 10.000 m2 en primera línea de playa. El tribunal estimaba que ese suelo municipal debía ser para viviendas sociales.

En el pasado mes de mayo, hacía volver a empezar de cero la Unidad de Ejecución 1 El grec, en el polígono industrial Torres, por ser adjudicada a la mercantil Rapella sin estar ésta cualificada para "contratar" con el Ayuntamiento ni reunir "los requisitos legales para ser agente urbanizador". También en mayo, el TSJ anulaba el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 25 Puntes del Moro por no permitir la posibilidad de pagar las cargas del sector en metálico.

Una semana después, un juzgado de Alicante anulaba la venta de suelo público para pagar parte de la obra del campo de fútbol Nou Pla, instalación deportiva que ya construida acumuló con anterioridad siete sentencias judiciales en contra. Otro juzgado de Alicante anulaba el cambio de urbanizador del sector de l'Almisserà, que convertía en urbanizador a Los Almendros de Alicante en lugar de Urbe Construcciones y Obras Públicas.

En julio, el TSJ "tumbaba" el programa que desarrollaba el Plan Parcial 15 Poble Nou por considerar que el incremento de las cargas de urbanización son contrarias a derecho. Apenas diez días después dos sentencias del TSJ obligaban a reiniciar la tramitación de los sectores PP 24 Parais Nord y PP 22 Secanet, ya que las mercantiles adjudicatarias no estaban debidamente clasificadas para realizar la obra. En los últimos días, el tribunal ha anulado la reparcelación del sector PP 3 Almàssera de Tonda y ha confirmado la nulidad de la reparcelación del Plan Parcial 29 Parais Sud de La Vila.