Finestrat avisa de que demolerá el edificio Ánfora por ruina si los dueños no aceptan el precio del Gobierno

El Ayuntamiento de Finestrat declarará en estado de ruina el edificio Ánfora, que incumple la Ley de Costas al estar a escasos metros de la playa, para proceder a su demolición si los dueños no aceptan el dinero ofrecido por el Ministerio de Medio Ambiente para expropiar el inmueble.

EFE El consistorio ha advertido de que, si rechazan los cerca de 2 millones de euros ofrecidos por el Gobierno, la demolición se hará con cargo a los propietarios a partir de octubre.

El recurso de uno de los dieciséis propietarios, que una vez pactado el justiprecio pidió una nueva valoración al alza, ha bloqueado la materialización del proyecto.

Hoy se han reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Finestrat los propietarios con el alcalde, Honorato Algado, la subdelegada de Gobierno, Encarna Llinares, y el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez.

Las dos administraciones han instado al abogado de la autora del recurso, Ingrid Gertrud Rosa Satcher, a aceptar lo convenido ya que no se va a revisar la valoración, en palabras de Llinares, quien ha explicado que los dueños cobrarán algún dinero sólo en el caso de que acepten.

Si es así, las obras de demolición, adjudicadas a Tracsa, empezarían en octubre, según ha explicado Martínez.

En caso de que los propietarios no acepten lo ofrecido, se seguirá un proceso diferente que, según fuentes municipales, permitirá también el octubre empezar la demolición.

Esto es así porque el consistorio declarará el estado de ruina el inmueble, al considerar que supone "un peligro para la seguridad", según el alcalde, Honorato Algado, por su avanzado estado deterioro.

Esta opción perjudicaría al resto de propietarios, que sí aceptan las valoraciones pactadas con Medio Ambiente, por lo que en la reunión se ha acordado emplazar a Rosa Satcher a contestar en el plazo de una semana, y reunirse de nuevo todas las partes implicadas antes de que finalice julio.

El edificio Ánfora, de once alturas, se construyó en 1978, dos años antes de la aprobación de la Ley de Costas, y, aunque el Ayuntamiento de Finestrat dio entonces su autorización, la Comisión Territorial denegó la licencia de obras cuando ya estaba levantado, por lo que desde entonces ha permanecido en situación de ilegalidad, en desuso y en avanzado estado de deterioro.

Los dieciséis propietarios acordaron el 29 de mayo de 2006 recibir la cantidad de 1.998.966,26 euros, y el 9 de marzo de 2007 el Consejo de Ministros declaró de utilidad pública la parcela para la expropiación forzosa.

El acuerdo de necesidad de ocupación se adoptó el 9 de noviembre de 2007 y sólo tras su publicación en el BOE, el 26 de noviembre del año pasado, Rosa Satcher interpuso un recurso de alzada que ha bloqueado el proceso.

Tanto Algado como Llinares y Martínez, han asegurado que pasado el verano se demolerá el edificio dentro de un operativo de gran complejidad porque, según han explicado, el inmueble está adherido a otro edificio y la difícil accesibilidad obliga a ocupar la playa de la Cala.

Las siete plantas superiores se derribarán de forma manual y las otras cuatro de forma mecánica.