Costas recurrirá las sentencias que avalan la licencia de dos torres en Punta Llisera

El jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, ha confirmado hoy que la expropiación de las dos torres de 21 pisos que el Grupo Ballester construye en Punta Llisera, en Benidorm, "continúa" y que las dos sentencias que avalan la licencia que esgrime el constructor para su edificación serán recurridas.

EFE El Grupo Ballester anunció la semana pasada que volvía a poner a la venta los 168 pisos de ese complejo, denominado Gemelos 28, una comercialización suspendida cuando el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación de la parcela al entender que el proyecto afecta a una zona de servidumbre de protección de Benidorm.

El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para Punta Llisera, ubicada en las inmediaciones del parque natural de Serra Gelada, pasa por la restauración de la zona y su destino al disfrute general de la población
La empresa argumentó que dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) avalaban la autorización que dio en abril de 2005 el director general de Puertos y Costas de la Generalitat, en contra de lo defendido por un particular y la Abogacía del Estado.

Martínez ha señalado que en este caso se dan "dos procesos diferentes, el judicial y el de expropiación, que no tienen nada que ver".

Ha subrayado que las sentencias conocidas "refuerzan la expropiación como la vía para recuperar para el espacio público la parcela", que es "la intención última" de la Administración central.

El jefe provincial de Costas ha reconocido que el proceso de expropiación es lento y ha añadido que "todo lo construido desde que el notario levantó acta no lo asumirá el Estado", y corre a cuenta y riesgo de la empresa.

Cuando en febrero de 2008 se levantó acta, la estructura alcanzaba la décima planta, aunque en la actualidad está totalmente terminada, con 21 niveles.

Gemelos 28 se construye en una parcela de 10.000 metros cuadrados en primera línea de mar, en sustitución de un edificio levantado en los años 70 y que fue derribado.

Fuentes de la empresa Ballester señalaron en su día que "la posible expropiación anunciada en su día por el Gobierno comportaría en estos momentos una gravísima falta de responsabilidad de la Administración, puesto que lo que habría que expropiar sería un derecho a la edificación y venta, que alcanzaría un costo indemnizatorio superior a los 100 millones de euros".

Desde que en 1988 el Ayuntamiento de Benidorm otorgó licencia, la polémica ha rodeado a esta construcción. En mayo de 2007, el entonces director general de Costas, José Fernández, anunció la intención de expropiar la finca.

El 15 de junio de 2007, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar, cuando los trabajos estaban en marcha.

En febrero de 2008 se declaró la necesidad de ocupación y se levantó acta notarial de lo construido para su valoración. Sin embargo, las obras han continuado, al entender el Grupo Ballester que tenía todos los pronunciamientos judiciales a su favor.