JULIO MARÍN
El actual gobierno municipal de La Vila Joiosa presentará una reclamación a la Generalitat para pedirle responsabilidad patrimonial tras haber sido anulada la sanción de 12 millones de euros al complejo hotelero Atrium Beach. La multa, impuesta por el Consell, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia al haber caducado el expediente sancionador. Esa tramitación fue llevada a cabo por el departamento autonómico y el gobierno vilero entiende que su "negligencia" les ha causado un gran perjuicio económico al impedir el cobro de la citada multa, que en su día fue incluida en los presupuestos cuando gobernaba el PP. Un acto sobre el que entonces se advirtió y del que se dijo que vulneraba el principio de prudencia contable. Ahora ya no tiene remedio. El Ayuntamiento presentará una reclamación administrativa "por un defecto en el funcionamiento de la administración pública que ha generado un daño económico al Consistorio" según explicó la edil Fanny Serrano, que también es abogado urbanista.
Hoy se celebrará una reunión de la Junta de Gobierno local, e la que están representados los cuatro partidos que forman el gobierno, y de ahí saldrá el pronunciamiento oficial. No obstante, el concejal de Urbanismo, Vicent Serra, aclaró que con toda seguridad "pediremos responsabilidades a todo el que corresponda". En ese sentido citó al Consell, al anterior gobierno municipal del PP "que tiene mucho que ver en todo ésto" e incluiso al instructor del expediente, el ex edil Isidro Cantó. Con la decisión que se adopte, se dará traslado de toda la documentación a un abogado penalista para que prosiga con el proceso.
La Conselleria de Medio Ambiente confirmó ayer que presentará un recurso de casación ante el Supremo ya que la sentencia del TSJ no es firme. Desde la Conselleria sostuvieron ayer que "la comunicación de la sanción se envió a la empresa en tiempo y forma, el 29 de septiembre, por correo certificado y con acuse de recibo". De hecho, añadieron, "el expediente consta en la sala y ahí está la notificación [a la empresa]". Preguntados por qué no se cita en la sentencia esta circunstancia, sino que se asegura que la Generalitat no acreditó que comunicara a la empresa la sanción, fuentes de la Conselleria de Urbanismo dicen desconocerlo. "Nosotros creemos que lo hicimos bien y por eso vamos a recurrirlo ante el Supremo".