El PSOE plantea pedir indemnizaciones a una empresa por incumplir el contrato

R. PAGÉS El grupo municipal socialista de Benidorm pidió ayer que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios a una empresa que pidió la rescisión de una adjudicación después de cuatro años sin ejecutar ninguna obra. El PSPV local reclamó ayer que el Consistorio paralice la devolución del aval a la empresa CityNet España SA, que en 2004 se hizo con una adjudicación para instalar en la ciudad la red municipal de fibra óptica y que el pasado marzo, cuatro años después, pidió renunciar al contrato de "forma amistosa", según fuentes municipales por "verse incapacitada para realizar esta infraestructura". Tras esto, el Ayuntamiento se comprometió a devolver el aval de 30.000 euros sin reclamar tampoco daños y perjuicios por el retraso, tal y como desveló la oposición.
El portavoz socialista en Benidorm, Agustín Navarro, criticó ayer la forma de actuar del equipo de Gobierno en este tema y dijo que "los ciudadanos están indefensos ante algunos de los comportamientos del Ayuntamiento". Por ello, avanzó que su grupo ha pedido que se paralice la devolución del aval y va a reclamar un informe jurídico y otro del departamento municipal de Contratación, para averiguar si el Ayuntamiento puede reclamar una indemnización a la empresa.
El PSOE afirmó que el pliego de condiciones de la adjudicación estipulaba como plazo máximo para iniciar las obras tres meses a partir de la concesión y que, tras un año de trabajos, la empresa podía pedir que se le restituyera el aval. Para el portavoz socialista, "aquí se han dejado pasar los años sin reclamar nada", para como ya afirmó el pasado lunes, la empresa renuncie al contrato, se reciba la propuesta de otra empresa, y vuelva a iniciarse un nuevo proceso para la adjudicación de la fibra óptica, con la aprobación en el pleno del pasado lunes de otro estudio de viabilidad. Por ello, los socialistas sugirieron que "todo esto podría dar la impresión de que se esté actuando en connivencia con algunas empresas".
Por último, el portavoz del PSOE anunció que si el Ayuntamiento no atiende sus peticiones, pondrán el caso en manos de los servicios jurídicos de su partido.
Frente a estas acusaciones, el portavoz del PP, Antonio Pérez, aseguró que el PP aceptó la renuncia del contrato de forma amistosa "atendiendo a un informe del técnico de Contratación, que así lo aconsejaba". Asimismo, el edil popular recordó que, aunque la adjudicación se produjo en 2004, hasta 2006 no se produjo la formalización por haber sido impugnada en los tribunales, y agregó que "hablar de cuatro años de retraso no responde a la verdad".