EUROPA PRESS
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que investiga al parque temático de Benidorm Terra Mítica y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros, ha citado a declarar a 22 testigos relacionados con las obras, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los testigos, empleados de distintas empresas, deberán prestar declaración ante el magistrado de Valencia los días 19 de junio y 1 de julio, entre las 9.30 horas y las 13.00 horas, indicaron las mismas fuentes.
Esta citación se produce después de un año, cuando el 18 de junio declararon otros dos testigos, Carlos Biosca, gerente de Gribal hasta diciembre del año 2000, y Joaquín Sebastián, técnico de Delta Agrícola, empresa de jardinería subcontratada por Terra Verd.
Durante su comparecencia ante el juez, Biosca negó que su empresa realizara, durante el periodo en el que ejercía las funciones de gerente, obras facturadas al parque. De esta forma, aseguró que eran "falsas" algunas de las facturas que le mostraron por obras que supuestamente había realizado su empresa.
Insistió, de esta forma, en que él estaba "muy tranquilo" porque no tenía "nada que ver" con el caso de Terra Mítica ni con "esta gente", ya que vendió su empresa a finales de 2000 por estar inactiva y, hasta ese momento, no había detectado "ninguna irregularidad".
Por su parte, Sebastián aseveró que existía una relación laboral "real" entre los empresarios Vicente Conesa y Moreno Carpio, a quien, según dijo, vio en varias ocasiones por las instalaciones de su empresa. Afirmó que todos los trabajos y facturas emitidas por su empresa eran "correctas" y que "no había nada anormal".
La investigación se inició después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) presentara una denuncia contra una veintena de empresas, entre ellas, Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA, y 25 personas físicas por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA, mediante la falsificación de facturas, por valor de 4.421.319 euros. La Fiscalía cree que existen indicios de la comisión, en principio, de seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y 12 delitos contra la Hacienda Pública.