DIEGO COELLO
E
l alcalde de Altea, Andrés Ripoll, anunció ayer que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los afectados por la variante de la N-332 todos los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que la compensación económica por las expropiaciones "sea lo más correcta posible" en el caso de que finalmente se construya la carretera de circunvalación. Sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por un grupo de vecinos Ripoll señaló que "el Estado de Derecho permite que todo el mundo pueda utilizar todos los mecanismos de defensa posible, pero eso no tiene que llevar a traspasar la línea de acusar falsamente o insultar". El primer edil recalcó que desde el Ayuntamiento "vamos a seguir intentando que no se construya la variante", aunque también reconoció que tiene "solución difícil para nuestros intereses" pues esta variante "se plantea como una vía de comunicación comarcal con salidas a Callosa, La Nucía y Alfaz que formará parte del corredor mediterráneo planeado por Fomento entre Barcelona y Cartagena paralelo a la AP-7, según nos han informado en la Dirección General de Carreteras de Valencia", y por ello "la variante se puede retrasar pero no anular".
Según Ripoll, los argumentos esgrimidos en la denuncia donde afirman que "existen indicios de tratos de favor y otras tramas de corrupción alrededor de la AP-7 y la N-332 en la zona", no son ciertos "al menos en mi caso, aunque a lo mejor podrían haber pactos entre otras personas". Dijo también que veía "difícil" la liberalización de la autopista.