Afectados por la variante denuncian a la ministra ante la Fiscalía Anticorrupción

DIEGO COELLO C

erca de medio centenar de vecinos de Altea y Alfaz del Pi afectados por el trazado de la variante de Altea han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra la ministra de Fomento, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y los alcaldes de Altea y Alfaz por "permitir la licitación de la redacción del proyecto de la variante, pese a existir pendiente la resolución judicial de un procedimiento que actualmente se encuentra abierto contra la variante de Altea".

En la denuncia, presentada el pasado martes por Víctor Encabo en representación y como portavoz de los afectados, se recuerda que el 30 de agosto de 2007 el pleno acordó presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para impedir la construcción de la variante y solicitar que se liberase la autopista AP-7, razón por la que los afectados solicitan a la Fiscalía y "al Juzgado a quien corresponda" que procedan "a la anulación de la licitación del proyecto de la variante sin que antes se haya celebrado el juicio que existe pendiente" para evitar que suceda como en La Vila con la variante, "que se construyó antes de resolverse el contencioso a favor de los vecinos, a quienes ya habían expropiado sus propiedades".

Para los vecinos, la actitud del Ministerio "es un claro abuso de poder", mientras que la postura hecha pública últimamente por el alcalde de Altea sobre la variante "ha cambiado sobre lo acordado en el pleno", pues "olvidando que existe un recurso pendiente y que tiene que pronunciarse la Justicia, Andrés Ripoll ha manifestado que hará lo posible para que la variante tenga el menor impacto ambiental en el municipio". Éstas y otras razones como que "existen indicios de trato de favor y otras tramas de corrupción alrededor de la AP-7 y la N-332 en la zona, en la que empresarios y socios accionistas de Abertis esperan ansiosamente la construcción de la variante, unos para alargar la concesión de la autopista y otros para iniciar las obras de sus urbanizaciones cercanas al trazado de la vía", son los argumentos presentados en la denuncia por corrupción contra la ministra Magdalena Álvarez y los alcaldes de Altea y Alfaz.

La variante de Altea supone la expropiación de 659.063 m2 desde el punto kilométrico 148,5 al 164,1 pasando por los términos municipales de Altea, La Nucía y Alfaz del Pi. A finales de abril se anunció la licitación de la redacción del proyecto con un presupuesto de 1.470.126 euros.