La Unión Europea elude tomar medidas contra el PAI de La Serreta

VICENTE ZARAGOZA L
a Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha eludido tomar medidas contra el Plan de Actuación Integrada (PAI); La Serreta de La Nucía, tal y como reclamaba el diputado de Los Verdes, David Hammerstein, en una interpelación parlamentaria en la que pedía que el caso se integrara en el proceso de infracción abierto contra España por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, LRAU.
El diputado Hammerstein denunciaba en su interpelación que el mencionado proyecto fue tramitado al amparo de la antigua ley urbanística valenciana, la cual fue objeto de un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión, al estar en contradicción con las directivas europeas en materia de contratación pública. En la pregunta del parlamentario español se ponía en conocimiento de la Comisión "irregularidades como la elección de un agente urbanizador que, sin concurso previo, explotará a la vez el campo de golf previsto", según señala el documento, en el cual también destaca que el coste de la urbanización, de más de 12 millones de euros, repercutido en los cerca de 300 propietarios, "con obligación de pago de su cuota proporcional", a algunos de los cuales también se les exige ceder de forma gratuita una parte de sus parcelas, justificando la medida "por la supuesta utilidad pública de la mencionada urbanización", según señala David Hammerstein, quien además pregunta sobre si la Comisión usaría su derecho a iniciativa y sobre las medidas que piensa tomar "contra esta persistente infracción del Derecho Comunitario".
En este sentido, la Comisión emitió un dictamen el pasado 23 de abril, en el que se indica que ya se han tomado medidas "contra la violación persistente de la normativa comunitaria" y recuerda que se ha examinado la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, y considera la Comisión que "la adjudicación de estos programas constituye un contrato público a tenor de las Directivas europeas", postura que rebaten las autoridades españolas al considerarlo un contrato privado, por lo que en junio de 2007, la UE llevó a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En este sentido el ponente, MacCreevy, señala que "la Comisión no cuestiona la potestad de los entes públicos locales para declarar el interés público de las expropiaciones de terrenos privados", ni tampoco "la obligación de los propietarios a contribuir con los costes de las infraestructuras públicas", y emplaza a los afectados "a hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales". MacCrrevy considera que las medidas reclamadas por el parlamentario "verde", "no son aplicables al caso que nos ocupa", el PAI de La Serreta.

Recursos archivados

El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivaba los dos recursos presentados por Iniciativa Independiente contra el PAI La Serreta, tras declararlos caducados, al no haber sido formalizados. La decisión judicial conllevaba el levantamiento de la suspensión cautelar del PAI de La Serreta decretado en marzo del pasado año y ratificado por el TSJ dos meses después.
El primero de los recursos presentados cuestionaban que el PAI de La Serreta se hubiera tramitado al margen del PGOU y el segundo a que en el programa se hubiera repercutido a los propietarios del suelo un gasto complementario de más de doce millones de euros en infraestructuras que posteriormente se cederán al Ayuntamiento.