C. F.
E
l alcalde de La Vila, Gaspar Lloret, declaró ayer en los juzgados de La Vila que no supo de la compra de las motocicletas policiales hasta que tuvo que firmar el certificado de matriculación. La declaración se enmarca en la querella contra el alcalde, el secretario y el edil de Seguridad Ciudadana, presentada por diez de los once concejales del PP vilero por prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de dos motos policiales.
La defensa del alcalde y del edil de Seguridad Ciudadana de La Vila pedirá la próxima semana el archivo del caso de las motocicletas, una vez ambos prestaron declaración ayer en los juzgados vileros tras una jornada caótica. El secretario municipal también prestó declaración como imputado por el caso, aunque declinó ofrecer su versión de los hechos. No obstante, fuentes judiciales señalaron que el secretario declaró que avisó de que el procedimiento no era el correcto y que no había expediente de contratación.
Las carencias de medios humanos que la Generalitat mantiene en los juzgados de La Vila Joiosa se hicieron patentes ayer al presentarse el alcalde de la localidad, el edil y el secretario municipal a la hora marcada por el propio juzgado y no poder prestar declaración. Una vez en el juzgado no había ningún funcionario disponible para tomar la declaración, por lo que el alcalde y el edil tuvieron que volver hora y media más tarde también sin suerte. Sólo dos horas y media más tarde de la citación ambos pudieron declarar.
En cuanto a las declaraciones de los imputados, ninguna de ellas aportó nuevos datos y volvieron a explicar lo ya manifestado durante la rueda de prensa del 4 de diciembre de 2007. Según la defensa del edil de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Vidal, la adquisición de las motocicletas se realizó en base a la propuesta que el anterior edil había planteado y siguiendo el presupuesto más económico que contemplaba dicha propuesta. Sobre la adquisición de una motocicleta particular, el concejal vilero aportó las facturas que, supuestamente, desmienten la acusación popular. Respecto a la presunta irregularidad del procedimiento de contratación, Vidal recordó que el secretario municipal le advirtió, una vez compradas las motocicletas y en servicio, que no se había seguido el proceso habitual en su compra, siempre según la defensa de los ediles imputados.