Altea licitará una nueva concesión de abastecimiento de agua y alcantarillado

DIEGO COELLO El Ayuntamiento de Altea licitará el servicio de abastecimiento de agua y renovará el alcantarillado existente para aguas residuales y pluviales a finales de este mes, una vez que el pleno municipal de marzo aprobó, con el voto en contra del PP, el expediente para la contratación del servicio de agua potable y saneamiento por un plazo de 20 años y un canon de cuatro millones de euros. El concejal de Infraestructuras, Santiago Ronda, señaló ayer que la concesión de abastecimiento de agua "estaba caducada desde enero de 2004", y que en estas tres anteriores legislaturas gobernadas por el PP "no se han actualizado ni con el IPC las tarifas del consumo de agua, ni se ha renovado la red de conducción de agua ateniéndose a la directiva europea de 2003 que establece eliminar las tuberías de hierro galvanizado y fibrocemento". En este sentido, Ronda afirmó que el Ayuntamiento de Altea "paga mensualmente 30.000 euros más de lo que cobra a los consumidores por el agua porque el PP no adecuó las tarifas de agua al precio real, incumpliendo sus obligaciones políticas y de gobierno, a pesar de que la empresa concesionaria les informó hasta en tres ocasiones sobre la necesidad de reajustar las tarifas y cambiar las infraestructuras porque el agua es cada vez más deficitaria para el consistorio", y que la sustitución de la red de conducción "se hará en estos próximos años, pues la fecha límite para adecuar las infraestructuras a la normativa europea es en 2012". Sobre el aumento de las tarifas de agua, Santiago Ronda aseveró que se irá haciendo "de manera progresiva para adaptarlas a los costes reales y que no afecte a los bolsillos de los ciudadanos", además de que "las tarifas se revisarán para que paguen más quienes tienen mayor consumo, se favorecerá a las familias con menor renta y se subvencionará a las personas de la tercera edad igual que pasa con la tasa de basura".
Por otro lado, desde el PP anunciaron en el pleno municipal que interpondrán un contencioso contra la aprobación de las bases para la concesión del servicio.