Reprochan al Ayuntamiento falta de claridad en las compras

JULIO MARÍN L a delegada instructora del Tribunal de Cuentas en el caso de las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Benidorm en sus compras municipales reprochó ayer al Consistorio «su falta de colaboración y oscurantismo» en este asunto. Así lo indicó el edil Luis Ángel García a la salida del Tribunal de Cuentas, adonde acudió acompañado por el también concejal socialista Jaime Llinares en su condición de abogado. La instructora Esperanza García Moreno había citado al edil del PSOE en las actuaciones previas que el citado órgano lleva a cabo por esas supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de productos y mercancías. La comparecencia viene a raíz de la documentación que el concejal de la oposición entregó al Síndic de Comptes en la que ponía de manifiesto varios hechos que podrían dar lugar a irregularidades contables. En concreto, las denuncias de García hacían referencia a las compras hechas por el Consistorio en las que, según el edil, se habrían pagado precios muy superiores a los de mercado. Junto a García, también se desplazó a Madrid el concejal Jaime Llinares, en calidad de abogado. Asimismo, el Tribunal también citó a un representante legal del Ayuntamiento y al Ministerio Fiscal para la realización de la denominada Liquidación Provisional.
Jaime Llinares incidió por su parte en que la instructora había puesto de manifiesto en su informe «la existencia de irregularidades administrativas», lo que no significa que exista alguna responsabilidad contable «porque es un proceso que aún está abierto a falta de pruebas». Si así se determinase finalmente, tendría que ser visto en la sala de Enjuiciamiento.
Por otro lado, Luis Ángel García, indicó que su declaración se había resumido en decir si estaban de acuerdo con las actuaciones realizadas por el Tribunal que, en cualquier caso, «no es competente para determinar si hay delito o no». García reiteró una vez más la «falta de colaboración del Ayuntamiento y la poca claridad», palabras que puso en boca de la instructora.
En la documentación remitida por el edil, éste detallaba las compras de productos «hechos en una fábrica inexistente y adquiridos a empresas no autorizadas para su comercialización». El concejal afirmaba además que el Consistorio había «pagado precios abusivos superiores a los de mercado y admitido productos diferentes a los reflejados en las facturas» entre otros ejemplos.