El exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza dejará de ejercer como concejal del Ayuntamiento el próximo 23 de mayo, tras presentar su dimisión por la investigación abierta por presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación por la gestión de la clínica de Gran Alacant, cuando estaba al frente del Consistorio santapolero.

En la mañana de ayer, el edil del Partido Popular presentó su acta de renuncia en el Ayuntamiento, del mismo modo que tiene previsto hacerlo próximamente en la Diputación Provincial de Alicante, donde está al frente del área de Bienestar Social.

El que fuera alcalde de la villa marinera durante doce años ha dado este paso después de anunciar, el pasado 2 de mayo, su dimisión anticipada a través de un comunicado enviado por el organismo provincial. El todavía edil del PP de Santa Pola y diputado provincial volvió a defender ayer, durante una reunión ordinaria convocada en el grupo municipal popular, su honorabilidad durante los doce años que ha sido alcalde.

Tal y como ya lo hizo hace una semana, Miguel Zaragoza mostró su máximo respeto al pacto del PP para dejar su acta cuando hay una investigación abierta y recordó que desde el «minuto número uno» presentó su dimisión a los órganos del PP y al presidente de la Diputación, aunque ésta no fuera aceptada.

El grupo municipal del PP abordó ayer el asunto de la renuncia de Zaragoza y empezó a consensuar también quién ocupará el puesto del exalcalde, dentro del PP santapolero. Por lógica, se encargará de esta función Antonio José Sánchez Cano, un empresario del municipio costero con un comercio al por menor, al ser el siguiente en la lista. No obstante, el grupo popular tendrá todavía que hacer público si finalmente se hace efectivo el relevo en ese sentido.

Miguel Zaragoza fue llamado a declarar el pasado 2 de marzo a la Comisaría de Alicante por presuntas irregularidades en la clínica de Gran Alacant durante su mandato. También lo hizo su hermana, que trabajó en las instalaciones por un tiempo, al igual que el entonces edil del PP Jorge Perelló, también investigados.

En concreto, según fuentes de la investigación, y entre otras cuestiones, se trata de esclarecer si hubo un fraude por más de 100.000 euros.