Compromís no acepta las formas y el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Crevillent para el cambio de nombre de las calles que incluyen referencias al régimen franquista, por lo que no participará en ningún tipo de proceso acusatorio y de confrontación entre las partes. Sin embargo, el grupo estará presente en todos los órganos municipales en que se trate el asunto y exigirá el cumplimiento de la ley de memoria histórica, a través de criterios objetivos. Mientras tanto, el alcalde de la localidad, César Asencio, afirma que el expediente seguirá adelante con su intención de cambiar los nombres solo en caso de militares y políticos. El argumento del primer edil es que ya se ha iniciado la tramitación y disponen de un año para la aplicación de esta ley.

Compromís rechaza «la imposición política por parte del alcalde de un procedimiento para abordar este asunto en el que se alentaba a los familiares de las personas afectadas y a los proponentes a la confrontación». Para la formación política, el Ayuntamiento ha convertido el expediente en una especie de causa general para defender la honorabilidad de las personas afectadas. Sin embargo, como este no es el propósito de la Ley de la Memoria histórica, Compromís ha propuesto establecer criterios objetivos previamente consensuados y a través de los datos históricos determinar qué calles son susceptibles o no de aplicación de la ley.

La formación política incidió en que «no se trata de cuestionar la honorabilidad de las personas, sino de cumplir las leyes y retirar el nombre de las calles que hayan sido designadas en virtud a la adhesión de las personas al régimen, y que, por tanto, vayan en contra de la Ley de Memoria Histórica». Según, afirmó el portavoz municipal de Compromís, José Manuel Penalva, los datos del archivo municipal de Crevillent muestran que la mayoría de calles fueron nombradas por la vinculación de las personas con el régimen o su participación en la Guerra Civil, en el bando sublevado.

Sin embargo, el alcalde, César Asencio, destacó que, a pesar del posicionamiento de Compromís, no se puede paralizar el expediente, porque la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia que ha aprobado la Generalitat Valenciana, obliga al Consistorio a aplicarla en un año y «no tendría sentido paralizar toda la tramitación que ya se ha iniciado». Además, esta norma, según Asencio, contempla la actuación subsidiaria de la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de Memoria Histórica, en los casos en que los ayuntamientos no la apliquen y no retiren las calles que incumplan la ley y, como consecuencia, se impondrán sanciones y, en algunos casos, puede llegar a haber prohibición de subvenciones para los Consistorios.

En cuanto al procedimiento del expediente, el alcalde destacó que, al ser una información que puede afectar a terceros, se sacó a exposición pública para que la población estuviera al tanto y pudiera presentar las quejas y alegaciones al respecto. En total, 334 personas han firmado las diferentes alegaciones presentadas en el Ayuntamiento, por lo que, según señaló el alcalde, «las quejas tendrán que ser tenidas en cuenta, ya que existe un derecho subjetivo que se desprende de la exposición pública».

Por tanto, según el criterio del alcalde, una opción para el cambio de denominación sería que cada grupo político presentara sus propuestas de cambio o permanencia del nombre de la calle, y que se eligiera mediante votación de todos los grupos. Con todo, pese a que Compromís rechaza el procedimiento para abordar este asunto, exigirá el cumplimiento de la ley, a través de datos objetivos del archivo municipal que muestren si las calles cumplen o no la norma.