La Oficina de Vivienda de Crevillent, un servicio de ayuda en caso de desahucio, que inició su andadura hace, aproximadamente, un año, se encuentra, en estos momentos, paralizada por trabas burocráticas. De hecho, sólo estuvo en marcha seis meses, y, desde entonces, en el último medio año, ha estado parada. Por ello, desde el Ayuntamiento destinarán 30.000 euros para contratación de personal y relanzar la oficina. Durante los meses que estuvo en funcionamiento recibió alrededor de 20 consultas y consiguió paralizar, según fuentes municipales, siete desalojos.
El servicio funcionó durante seis meses a través de una adjudicación a la empresa Eulen, cuyo contrato ha expirado, por lo que, actualmente, las funciones de la Oficina de Vivienda las está llevando a cabo una trabajadora social, destinada exclusivamente a aspectos relacionados con la vivienda, ya que hubo dificultades burocráticas en la contratación de personal para la continuidad del organismo.
Durante los seis meses de funcionamiento, la oficina recibió alrededor de 20 consultas de las que la gran mayoría estaban relacionadas con hipotecas, por lo que fueron derivadas a la Unidad de Consumo, según señaló la concejala de Bienestar Social, Juana Guirao. Estas solicitudes de asesoramiento no estaban relacionadas con la Oficina de Vivienda, ya que su fin es prevenir los desalojos de primeras viviendas asesorando a las personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca de su casa y evitando que se lleven a cabo los desalojos de los domicilios, sino con los intereses de gestión indebidos por parte de los bancos. Así, según destaca Juana Guirao, durante el periodo que ha estado activo el servicio, la unidad ha recibido más de 300 reclamaciones, amparándose en la reforma de la Ley Hipotecaria deo 2013, por las comisiones que cobraron los bancos.
Por ese motivo, el Ayuntamiento va a destinar 30.000 euros para la contratación de personal para la Oficina de Vivienda. Además, Guirao se va a reunir con el juez para reforzar las comunicaciones y que haya más relación entre abogados y Servicios Sociales para poder negociar en beneficio de los vecinos.
Además, dentro de los Servicios Sociales y la Oficina de Vivienda cada vez es más necesaria la incorporación de un letrado que se encargue de las gestiones legales, puesto que supone una dificultad añadida para los trabajadores sociales, según la edil. Por ello, desde el Ayuntamiento de Crevillent están barajando la posibilidad de contratar a un abogado exclusivo para esta oficina, o para todas las áreas de este servicio, para que se dedique a vivienda y a otras cuestiones. Señalan desde el Gobierno local que no hay tanta demanda de casos de desahucio como para incluir un abogado exclusivo para este tema.
