Durante el medio de año de funcionamiento de la Oficina de Vivienda, el servicio ha conseguido evitar el desalojo de varias familias y paralizar siete desahucios, ya que desde el Consistorio realizan una importante gestión de ayuda preventiva, a través de negociaciones y subvenciones, para evitar estas situaciones, según defienden desde el Gobierno local. De hecho, el Ayuntamiento, destaca que no hay mucha problemática con el tema de los desahucios en el municipio, debido a esta mediación.

Los Servicios Sociales, en caso de notificación de desahucio, solicitan ayudas de emergencia, la paralización del desalojo o dialogan con el banco para así evitar el proceso y ayudar a las familias con situaciones económicas difíciles a encontrar salida a sus problemas financieros. De hecho, durante el último año, en Crevillent, se han producido siete desahucios, cuatro de ellos por impago de hipoteca de casa propia y tres por impago de alquiler, según destacó la concejala de Bienestar Social, Juana Guirao.

Como afirmó la concejala de Bienestar Social, los casos de desahucios de Crevillent suelen estar controlados desde la Unidad de Servicios Sociales, por lo que la Oficina de Vivienda es un órgano auxiliar, que se encarga, principalmente, de los aspectos jurídicos que atañen a este tema. Por ello, desde el Consistorio están barajando la posibilidad de volver a contratar a una empresa externa que se encargue de la oficina, de manera más independiente, o a un abogado, exclusivamente, ya que la parte jurídica es la más difícil de gestionar por parte de los Servicios Sociales, según Guirao.

Con todo, la reducción del número de casos de desahucios también está relacionada con el cambio en las leyes, puesto que los Servicios Sociales tienen más posibilidades para pactar con las entidades bancarias y con los abogados que se encargan de los casos de desalojo. De hecho, los bancos, ahora, tienen una política más social, ya que no pueden desahuciar a las familias cuando hay menores en la unidad familiar.

Por tanto, en los casos en los que las familias ven reducidos sus ingresos, los bancos ofrecen un alquiler solidario de entre 70 y 125 euros, dependiendo de los ingresos que tenga el afectado, lo que conlleva que se reduzca el número de casos de desahucios.