10 de noviembre de 2017
10.11.2017
Santa Pola

Un policía declara que los uniformes de la trama no se entregaban y otro lo niega

La defensa se basa en que no existen informes desfavorables de Contratación e Intervención para alegar que no hubo fraccionamiento

12.11.2017 | 01:36
Agentes de la UDEF, en la Policía Local de Santa Pola el día que se destapó el caso.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Elche ha acogido esta semana las declaraciones de la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, dos ediles y dos agentes de la Policía Local, en el marco del caso de la trama de los uniformes de la plantilla de policías que destapó la UDEF, y que implica a una quincena de personas a la que se le acusa de amaños de contratos, prevaricación y malversación de caudales públicos. Uno de los agentes que declaró fue quien dio la información necesaria para destapar la trama, y reiteró que no se recibían todos los uniformes que figuraban en los contratos supuestamente amañados. Un testimonio que contradijo otro de los policías, que aseguró que, en su caso, las cuentas sí coincidían.

Esclarecer si efectivamente se entregaron todos los uniformes que figuran en los contratos entre los años 2013 a 2015 es esencial para determinar si hubo prevaricación y malversación. Según la defensa, no la hubo, pues todos los uniformes fueron entregados y no hubo fraccionamiento de contratos ya que, aunque los contratos se justifican como uniformes de invierno y de verano -dos al año y no como un único pliego de uniformidad, entienden que son contratos diferentes. Para sostener este argumento, señalaron que no existen informes en contra ni por parte de Contratación ni de Intervención. El hecho de que recibieran el visto bueno de ambos organismos, es motivo suficiente, según la defensa, para descartar ambos delitos. Además, se dejó caer ayer que, en cualquier caso, la responsabilidad es de la Junta de Gobierno Local, que es quien aprueba, y no del jefe de la Policía, José Miguel Zaragoza, y los demás implicados.

Un argumento que, según el Ayuntamiento de Santa Pola, que se ha personado como acusación particular, no se sostiene, porque aunque la contratación se realiza desde la Junta de Gobierno, estas se realizan en base a las necesidades que les traslada el jefe de la Policía, y que es lo que da origen a estos contratos.

La UDEF sostiene que la trama amañaba los contratos para que recayeran en una serie de mercantiles, alguna de ellas con lazos familiares. Tal y como apuntaron desde el Ayuntamiento de Santa Pola, existen documentos donde se encarga a una empresa que mande al Ayuntamiento tres presupuestos con razones sociales diferentes. En los contratos menores -de un máximo de 18.000 euros- el procedimiento habitual pasa por pedir tres presupuestos a tres empresas distintas para decantarse por la oferta más ventajosa económicamente. Solicitando tres a una misma mercantil, con diferentes identidades fiscales, se garantiza que el contrato recaiga en la que convenga a la trama, si esta fuera cierta, según la UDEF.

Las declaraciones no han hecho más que empezar, pues a esta tercera sesión habrá que sumarle otras muchas en los próximos meses, pues la instrucción no ha hecho más que comenzar, y la UDEF sigue recopilando datos.

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Elche/Baix Vinalopó

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