24 de octubre de 2017
24.10.2017
Santa Pola

Siete investigados en la trama de los uniformes se niegan a declarar ante la juez y piden más pruebas

Un exedil de Seguridad, el jefe de la Policía Local, dos agentes y otros tres trabajadores de empresas solicitan tener acceso a toda la documentación

19.11.2017 | 23:51
Siete investigados en la trama de los uniformes se niegan a declarar ante la juez y piden más pruebas

La causa judicial en la que se investiga a una quincena de personas, entre ellas al jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, junto a otros agentes, a dos exediles y a varias empresas, por el presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil de la citada localidad, tuvo ayer su primera parada en la Ciudad de la Justicia de Elche.

Un total de siete personas estaban llamadas a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, María José Boix. Todas, según fuentes cercanas al caso, se acogieron a su derecho a no declarar. Lo hicieron justificándolo en que sus defensas habían solicitado más pruebas y documentación para que también se incorporara a la investigación judicial, algo que todavía no se habría producido, por lo que algunos de los letrados consideran que se podría generar indefensión a sus clientes.

Como ejemplo, se pone el hecho de que se ha solicitado que se incluyan muchos más correos electrónicos, no solo los que la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha aportado. Entienden parte de los letrados de la defensa que deben tenerse en cuenta en este caso el conjunto de mails y otro tipo de pruebas, no solo una posible parte «interesada» de los mismos.

De ahí la razón de explicarle a la jueza su deseo de acogerse a no declarar ayer, pero dejándole claro a su vez que, cuando se incorpore y aporte toda la documentación solicitada, los siete a los que ayer se les iba a tomar declaración colaborarán totalmente con la justicia y explicarán todo lo que saben y conocen, «porque los primeros que quieren que se aclare todo son ellos», según indicaba ayer Lorenzo Bonmatí, letrado de los oficiales de la Policía Local de Santa Pola Pascual Linares y Roque Alemañ, expresidente y presidente del Club de Atletismo de Santa Pola respectivamente, así como del también agente Alfonso Aracil.

El letrado de José Miguel Zaragoza, Jose Pedro González, explicaba, por su parte, que tampoco se les ha facilitado aún el volcado realizado durante la investigación policial de los mensajes de texto correspondiente a los móviles, además de estar a la espera de nueva documentación al ampliarse la investigación también al año 2008.

De igual modo, apuntan que fue el pasado jueves cuando se les trasladó la ampliación del atestado de la Policía Nacional, por lo que no ha habido tiempo suficiente para examinarlo.

«La jueza ha entendido que se supeditaran las declaraciones al momento en que tengamos acceso a toda la información. No se trata de escurrir el bulto», manifestaba González.

El primero al que la jueza tenía previsto tomar declaración era al exedil de Seguridad del PP Antonio Pérez Huerta, al que le siguieron el jefe de la Policía Local y los otros agentes. Asimismo, también acudieron al Juzgado de Instrucción número 5 de Elche Rosa María Sánchez (vinculada a Manufacturados Redován SL), y Víctor y Noelia Riera (de Almacenes Riera, que, al parecer, mantendría lazos familiares con la anterior sociedad limitada).

La entrevista con la jueza, con presencia de los letrados de prácticamente todas las partes, apenas se prolongó entre cinco y diez minutos en el caso de la mayoría de los citados, precisamente por el hecho reseñado de negarse a declarar por el momento.

El juzgado está siguiendo el procedimiento de diligencias previas a raíz de la denuncia que presentó la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, quien remitió el expediente administrativo de un contrato menor del Ayuntamiento de Santa Pola para poner en conocimiento de la Justicia lo que se consideró, desde el Consistorio, como una serie de irregularidades detectadas en contratos menores para la adquisición de prendas de uniformidad por parte de la Policía Local de Santa Pola entre los años 2013 y 2015. De lo que se trata de aclarar es si estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos e incluso falsedad documental.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, tras un trabajo de investigación, practicó el pasado 28 de junio una decena de detenciones. Entre los detenidos estaba el jefe de la Policía Local de Santa Pola y el exedil de Seguridad del PP Antonio Pérez, que fueron puestos en libertad horas más tarde tras prestar declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, donde se centralizó la investigación policial hasta que se dio traslado al juzgado. También se detuvo a representantes de las empresas, a los que se tomó declaración en la Comisaría de Orihuela.

Para hoy están citadas otras siete personas, tres de ellas vinculadas a las firmas Manufacturados Redován SL, Unidepol SL y Polmuniform SL. Para mañana habían sido llamados a declarar en el juzgado otros tres testigos, pero se ha pospuesto.

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