El nuevo informe de la UDEF en relación con la trama de los uniformes para la Policía Local y Protección Civil en Santa Pola aporta nueva documentación, entre ella algunos correos electrónicos, de los que se desprenden, según los investigadores, que al menos en casos determinados, la finalidad de la relación contractual entre las empresas adjudicatarias y los agentes de Policía Local de Santa Pola podía o tratarse de necesidades reales de materiales, si no de conseguir un desembolso económico con la mercantil para saldar deudas contraídas con ellas. La investigación se remonta hasta 2008 para tratar de revelar si hubo posibles delitos relacionados con la adquisición de materiales.
En concreto, según un correo electrónico desde una cuenta supuestamente asociada al entorno del agente santapolero Roque Alemañ, en un mensaje dirigido a José Miguel Zaragoza a finales de 2013, se reconoce en el texto que "se han firmado entregas de uniformidad sin haberse producido estas". Entre el resto de documentos figura un anexo de la Policía Nacional dedicado a "material facturado sin suministrar". De este modo, el informe de la UDEF señala que se saltaban la legalidad del proceso y que en algunos textos, según este informe, se reconoce que se ha aprobado la compra de uniformes sin haber pasado por la junta de gobierno.
El informe de la UDEF, en su ampliación, determina que algunas acciones tomadas por las empresas y los funcionario involucrados, en concreto en el año 2013, señalan en el informe, que los hechos eran intencionados y que las partes eran conscientes y responsables de ellos y que exceden a un mero error administrativo. Aquí se hacía referencia explicita al asunto de la uniformidad y que la persona que escribía el correo desde una cuenta asociada a Roque Alemañ señalaba que el concejal de Hacienda en aquel momento, les pedía con mucha urgencia que presentaran documentos sobre las necesidades y deudas relacionadas con la uniformidad. También se hace referencia a que había facturas de la empresa Gil de los Ríos pendientes de pago.
En el texto se señala que ha habido "una primera revisión a lo que se ha solicitado" y que se había dado "un cuchillazo importante" y que "mañana se realizaría una segunda pulida" antes de entregarlos al Ayuntamiento.
En este texto también se hace referencia a que la interventora del Ayuntamiento desconoce esas acciones y ante la opción de que pueda enterarse, según desvela el informe, en este email dirigido a José Miguel Zaragoza se señala que sería "un suicidio si entera" del modo de proceder y que "como mínimo se iría a la Guardia Civil", según este documento recogido en el informe de la investigación.
En los últimos datos aportados también señalan fuentes de la investigación que las empresas resultaron beneficiadas a través de contratos menores y el fraccionamiento de empresas y vieron aumentada su cuota de negocio. No obstante, señala la investigación, no se puede evidenciar cuál sería el interés último de los funcionarios para realizar estas acciones.
Además, según se desprende de estos datos, diversas asociaciones de Policía Local de la provincia de Alicante realizaron algunos donativos a la empresa Manufacturas Redován S. L, una de las supuestas empresas pantallas asociadas a la familia Riera, que suministró uniformes a la Policía Local de Santa Pola desde 2011 hasta 2015.
La UDEF ha analizado nueva documentación relacionada con la compra de materiales que se remonta, en este caso, al menos, hasta 2008. Como resultado de estas averiguaciones, la Policía Nacional ha ampliado la trama de los uniformes que, en este caso involucra a otros proveedores. La jueza investiga así al exconcejal de Seguridad entre los años 2008 y 2011, el popular Antonio García Baile y a tres empresarios relacionados con el presunto amaño de contratos, según un auto de esta misma semana. Estas tres personas son Antoni Folgado, Antonio Gil y Mario Gil, con cargos de responsabilidad en las mercantiles Antonio Gil de los Ríos S.L., Gil de los Ríos Uniformes S. L. e Insignia S. L.
CONTENIDO_RELACIONADO
- La juez imputa a 3 empresarios más y un exedil dentro de la trama de los uniformes
- Quince personas y seis empresas implicadas
FIN_CONTENIDO_RELACIONADO
