07 de octubre de 2017
07.10.2017

La juez imputa a 3 empresarios más y un exedil dentro de la trama de los uniformes

La UDEF detuvo la pasada semana a cuatro personas, entre ellas al exconcejal de Seguridad Antonio García Baile

12.10.2017 | 01:39
Agentes de la UDEF efectuando registros en la sede de la Policía Local de Santa Pola en junio.

La Policía Nacional dirige la causa hacia nuevas mercantiles.

El juzgado ha sumado a cuatro miembros más a la investigación por un presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil en Santa Pola.

La UDEF ha analizado nueva documentación relacionada con la compra de materiales que se remonta, en este caso, al menos, hasta 2008. Como resultado de estas averiguaciones, la Policía Nacional ha ampliado la trama de los uniformes que, en este caso involucra a otros proveedores. La jueza investiga así al exconcejal de Seguridad entre los años 2008 y 2011, el popular Antonio García Baile y a tres empresarios relacionados con el presunto amaño de contratos, según un auto de esta misma semana. Estas tres personas son Antoni Folgado, Antonio Gil y Mario Gil, con cargos de responsabilidad en las mercantiles Antonio Gil de los Ríos S.L., Gil de los Ríos Uniformes S. L. e Insignia S. L.

Los cuatro investigados fueron detenidos la semana pasada con el fin de que declararan por las supuestas irregularidades en las contrataciones. Fueron puestos en libertad y se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Según apuntan fuentes de la investigación, estas averiguaciones también involucran a algunos de los agentes de la Policía Local que están siendo investigados por la trama de los amaños de uniformes, José Miguel Zaragoza, Roque Alemañ y Pascual Llinares.

Las partes han sido informadas de esta ampliación del caso. En este caso, el Grupo de Blanqueo de Capitales-BPPJ-UDEF de la Comisaria Provincial de Alicante informó al juzgado de los datos recabados y de la propuesta de actuación. Además, esta unidad ha adjuntado documentación de informes que suman más de mil páginas y unos grilletes intervenidos en sobre cerrado como anexo a la documentación aportada.

La UDEF requirió documentación nueva hace unos meses al Ayuntamiento de Santa Pola para seguir investigando en esta causa que se torna más compleja. De este modo, el Consistorio santapolero puso a disposición de la Policía Nacional documentación adicional relativa a los contratos de materiales para Protección Civil y la Policía Local, al menos, desde el año 2008. Ya en junio entregaron a la UDEF documentos y albaranes desde el año 2012 hasta el presente año, en donde se recogían anotaciones de la adquisición de prendas oficiales. La UDEF también obtuvo información de lo contenido en los terminales telefónicos intervenidos durante el día del registro al intendente José Miguel Zaragoza y a los oficiales de la Policía Local Roque Alemañ y Pascual Linares el pasado junio. En concreto, se trata de dos teléfonos de Zaragoza, el oficial y el personal, otros dos móviles de Pascual Linares y un quinto terminal de Roque Alemañ.

Esta investigación, ahora ampliada, se remonta a junio de este año, cuando la UDEF realizó registros en el Ayuntamiento de Santa Pola y en la sede de la Policía Local santapolera, así como detenciones a varios agentes y empresarios para tratar de averiguar si incurrieron en presuntos delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación por supuestos amaños de contratos de uniformidad entre los años 2013 y 2015. En este caso, hasta las nuevas detenciones realizadas la semana pasada se habían visto envueltos en la trama al menos tres empresas y once personas, entre ellas el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza; el exconcejal de Seguridad, Antonio Pérez Huerta; otros dos oficiales, Roque Alemañ y Pascual Llinares, presidente y expresidente del Club de Atletismo de Santa Pola; otro agente, así como empresarios de Redován.

El juzgado de instrucción número 5 de Elche, encargado de las diligencias del caso, fijó la declaración de todas las personas y empresas investigadas y los testigos los días 23, 24 y 25 de octubre para dar continuidad a la investigación, que ahora se amplía.

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