15 de septiembre de 2017
15.09.2017
Santa Pola

Los tránsfugas se quedan sin competencias

El juez ordena apartar de sus áreas a los ediles Ignacio Soler y Paco Soler, que abandonaron las filas de Cs tras las elecciones y permitieron a Yolanda Seva lograr la Alcaldía

25.09.2017 | 00:14
Miembros del PP, entre ellos el exalcalde Miguel Zaragoza, valorando el auto que pide ejecutar la sentencia.

El juzgado estima el recurso del PP en el que pedía que el Ayuntamiento cumpliese la sentencia de marzo.

Sin competencias. Así se van a quedar los dos ediles no adscritos del Ayuntamiento de Santa Pola, Ignacio Soler y Paco Soler, una vez que la alcaldesa, Yolanda Seva, acate el auto judicial emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, y que pide, tras aceptar un recurso del PP, que se ejecute la sentencia dictada el 28 de marzo de 2017, que pedía retirar las competencias de área a los tránsfugas de Cs, que permitieron que la Alcaldía de la villa marinera pasara a la socialista Yolanda Seva.

El auto judicial llegó al Ayuntamiento de Santa Pola ayer, sobre las 14.45 horas, cuando la primera edil se encontraba visitando el colegio Vicenta Ruso de Gran Alacant. Así las cosas, según la regidora, no será hasta hoy cuando llegue a la Alcaldía, y pueda leer el documento que le pide que ejecute la sentencia de marzo de forma provisional, aunque esté pendiente de resolución el recurso que los ediles no adscritos presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La sentencia que se tiene que ejecutar de forma provisional obedece a un recurso que el PP de Santa Pola presentó en 2015 contra el decreto de Alcaldía en el que se otorgaba a los concejales tránsfugas de Ciudadanos, Ignacio Soler y Paco Soler, competencias y delegaciones por parte de la alcaldesa, Yolanda Seva, así como una dedicación exclusiva.

El PP entendía que se había producido un incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que, al ser considerados como ediles no adscritos, no estaban en condiciones de tener más derechos económicos que los que tendrían estando en su grupo de origen, el de Ciudadanos. La sentencia acabó por dar la razón al PP y refleja que el Ayuntamiento vulneró el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 134 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Según la sentencia, cuando la Alcaldía decretó las competencias y delegaciones de Hacienda, Pesca, Infraestructuras o Limpieza Viaria, entre otras, vulneró la Ley de Bases de Régimen Local.

Además de las competencias, la sentencia considera que estos ediles no pueden cobrar más que lo que les hubiese correspondido en el grupo de Ciudadanos, por lo que también se tiene que retirar la dedicación exclusiva que cobra hasta la fecha el edil Paco Soler.

Desde el Partido Popular de Santa Pola manifestaron su satisfacción al poco de conocer el auto judicial. El edil del PP y excalcalde Miguel Zaragoza explicó que «entendíamos que era injusto por parte de la alcaldesa y varios miembros de la Corporación que llegasen a un acuerdo en una notaría basado en la falta de transparencia. Por eso lo denunciamos ante la justicia». En esta línea, apuntó que «no les corresponden ni competencias ni ninguna dedicación exclusiva, ya que las han obtenido de forma torticera», y añadió que «lo correcto es que los concejales lo hubiesen votado libremente, sin que antes se hubiesen pactado una serie de prebendas».

El juzgado da un plazo de diez días al Ayuntamiento, una vez notificado el auto, para que se cumpla la sentencia de forma provisional. Contra el mismo cabe un recurso, que puede presentarse en cinco días, a contar desde ayer, pero el mismo no paralizaría la ejecución de la decisión judicial.

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