La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comienza hoy, en su sede en Alicante, con el análisis de los móviles intervenidos a los investigados por el presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil en Santa Pola. De este modo, a lo largo del día de hoy y del lunes, se procederá al volcado de toda la información contenida en los terminales telefónicos intervenidos durante el día del registro al intendente José Miguel Zaragoza y a los oficiales de la Policía Local Roque Alemañ y Pascual Linares. En concreto, se trata de dos teléfonos de Zaragoza, el oficial y el personal, otros dos móviles de Pascual Linares y un quinto terminal de Roque Alemañ. A partir de los datos recabados en estos dispositivos, la UDEF empezará con el análisis de los datos, en una labor que se prolongará en las próximas semanas.
El abogado defensor de José Miguel Zaragoza, José Pedro González, anunció que estará hoy en este traspaso de la memoria de los dispositivos móviles que se realizará, también, ante la presencia del secretario judicial.
La Policía da un paso más así para intentar esclarecer las supuestas irregularidades detectadas en la adquisición por parte de la Policía Local de Santa Pola de una serie de prendas de uniformes mediante contratos menores en los años 2013, 2014 y 2015. El grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF a cargo del caso investiga posibles hechos constitutivos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según la información expuesta en el informe policial, además de la inexistencia de varios albaranes que justifiquen la recepción de materiales, se manifiesta que dos de las mercantiles relacionadas con la familia Riera, denunciadas como adjudicatarias de las distintas compras de uniformes, podrían ser empresas pantalla que la matriz Manufacturados Redován SL empleó para formalizar contratos con el Ayuntamiento de manera encubierta. El informe destaca que los indicios que llevan a esta línea de investigación son que estas firmas, Unidepol SL y Polmuniform SL, carecen de actividad aparente y la beneficiaria final de los importes ingresados es Manufacturas Redován SL, con vínculos familiares entre los responsables societarios y apoderados comunes en las cuentas bancarias de dichas mercantiles.
Por otro lado, también se señala un «evidente fraccionamiento de contratos» con el fin de no superar los 18.000 euros en las compras, límite máximo establecido para este tipo de acuerdos. Según el documento, esta división resulta evidente observando varios contratos suscritos entre 2014 y 2015. Al parecer, en la propuesta inicial de compra de uniformes de invierno, hay anotaciones y tachones que advierten de la superación de los 18.000 euros. Estos párrafos no aparecen, según la UDEF, en las propuestas que finalmente se elevaron a la junta de gobierno para su aprobación. Por otro lado, la Policía apunta a serias dudas sobre las necesidades reales de gran parte de las prendas compradas, lo que implica, para la UDEF, el interrogante de si realmente se efectuó la entrega de todos los elementos por los que el Ayuntamiento desembolsó una importante cantidad a las mercantiles investigadas.
El letrado Sebastián Crespo, socio responsable del área de Derecho Procesal de Devesa & Calvo Abogados, se ha personado en la investigación en representación del Ayuntamiento de Santa Pola. Crespo es un abogado con amplia experiencia en causas penales, entre ellas, una de las ramas del caso Gürtel.
Por su parte, el abogado defensor de José Miguel Zaragoza, José Pedro González, asegura que su cliente facilitó a las autoridades en su día el pin de sus dos teléfonos móviles sin ninguna oposición, «reafirmando su inocencia», y anuncia que prepara una batería de pruebas para verificar que toda la ropa solicitada en su día «está servida, recepcionada y la visten los agentes», según González.
