La Oficina Municipal de la Vivienda de Crevillent ha caído en el olvido después de que el pasado enero se anunciara su implantación en el municipio alfombrero por todo lo alto. Tres meses después, el tiempo que duró su actividad, la abogada contratada para el trabajo tuvo que decir adiós a su labor en este nuevo departamento dentro del Consistorio.
En estos momentos hay un contrato de adjudicación en ciernes porque el anterior acabó a finales de marzo y, según el alcalde, César Asencio, no se podía prorrogar. Ahora, tal y como asegura el primer edil, hay un contrato nuevo con una partida de 36.000 euros dentro del presupuesto de este año para volver a dotarla de actividad a lo largo de 2017.
Lo cierto es que, a pesar de su corta duración, los trabajadores lograron resolver en sus primeras dos semanas de actividad un total de doce casos de desahucios inminentes. Esta dependencia, ubicada en el edificio de Servicios Sociales en la calle Ribera, constaba de un pequeño despacho en el que realizaban su labor María Solana, abogada y mediadora; y su compañero Gabriel Lledó, auxiliar administrativo.
En todos los casos atendidos trataron con familias crevillentinas en régimen de alquiler y situación económica precaria que no podían hacer frente a los pagos mensuales. Ahora, según apuntan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillent (PAH), los más de 52 casos anuales de desahucios que se producen de media en Crevillent están más desamparados tras el cierre de esta oficina.
La Concejalía de Bienestar Social de Crevillent cuenta ahora con dos personas que atienden casos relacionados con problemas de desahucios, pero ya no tienen el servicio específico ni el personal con la formación y experiencia forjada en la mediación con entidades bancarias. A finales de 2016, previa a la implantación de la oficina antidesahucios, los servicios sociales municipales detectaron cuatro casos de desahucios, cuando la realidad es mucho más cruda.
La PAH en Crevillent cuenta con un grupo activo de veinte personas trabajando en el seguimiento de casos de desahucios en el municipio, pero su labor alcanza un límite. Cada viernes reparten información a los ciudadanos para difundir su labor y, además, aglutinan numerosos casos de desahucios frenados con una multitud de perfiles diferentes.
En los tres meses que funcionó el servicio de la oficina antidesahucios de Crevillent, la PAH alabó esta labor y reconoció el trabajo que realizaba el personal contratado para este servicio.
Entre otras labores, desde la Oficina de la Vivienda se realizaban funciones de mediación ante bancos, cajas e inmobiliarias para la consecución de un alquiler en condiciones económicas más ventajosas para las personas que las necesitaban. También se ofrecía asesoramiento jurídico y acompañamiento ante los tribunales, información de todos los recursos existentes en materia de vivienda y la inscripción en bolsas de vivienda social, local o provincial, entre otras actuaciones.
Este servicio se desarrollaba en coordinación con el área de Bienestar Social de Crevillent, tratando conjuntamente las situaciones sociofamiliares. La atención al público se realizaba los días laborables,en horario de mañana, siempre con cita previa. Esta oficina también contemplaba consultas sobre el pago abusivo en hipotecas por las cláusulas suelo.
La adjudicación, tras tres meses en periodo de prueba a la empresa Eulen, no se renovó. Desde entonces, el municipio está a la espera de que se restablezca el servicio. Las personas responsables del mismo realizaron, a su vez, un estudio sobre la realidad de la vivienda en Crevillent, teniendo en cuenta a las familias en riesgo de exclusión, de ejecución hipotecaria y el número de viviendas vacías. Ahora queda ver si volverá a funcionar, si lo hará con la misma eficiencia y si perdurará.
