20 de junio de 2017
20.06.2017

El Catastro obliga a regularizar la situación de más de 2.000 inmuebles en Crevillent

La revisión que se lleva a cabo en el municipio determina, según cifras provisionales, que un 9% de las edificaciones incurren en ilegalidades

22.06.2017 | 01:27
Una vista de varios edificios de viviendas en Crevillent, desde la calle Molins.

Los vecinos que reciban las notificaciones tendrán que pagar una tasa de 60 euros y verán aumentada su factura del IBI.

Unos 2.100 inmuebles de Crevillent deberán regularizar su situación al no estar declaradas o al encontrarse inscritas en el registro de forma incorrecta. El plan de regularización impulsado por el Catastro se puso en marcha hace un año en Crevillent para localizar este tipo de construcciones. A través de este proceso, los bienes inmuebles de 2.100 crevillentinos han experimentado una revisión del valor catastral para poner al día esos bienes.

Muchos vecinos están recibiendo ahora la comunicación correspondiente para realizar la liquidación del IBI, teniendo que abonar la diferencia entre lo que pagan y lo que deberían haber abonado, según el Catastro, en los últimos cuatro años. No obstante, todavía podrían producirse más, ya que el procedimiento de regularización catastral todavía está en curso y hasta el próximo 30 de julio hay tiempo para que se produzcan más notificaciones.

Esta cantidad de edificaciones que permanecen ocultas a la Dirección General del Catastro implicaría que un 9,2% de los inmuebles levantados en término municipal incurren en ilegalidades, ya que, según los datos que maneja el Ayuntamiento, entre la localidad y las pedanías, hay un total de 22.802 bienes que tributan.

El año pasado, la concejal de Hacienda, María Carmen Candela, remitió un escrito a la Gerencia Territorial de Catastro de Alicante en el que solicitaba entrar en este procedimiento de regularización catastral para poder incorporar y valorar tanto las construcciones omitidas total o parcialmente, así como los datos incompletos o incorrectos, para adecuarlos. A raíz de la solicitud municipal, el Catastro ya ha enviado las notificaciones a gran parte de las personas afectadas y, de este modo, aquellos vecinos que no hayan declarado hasta ahora las mejoras, ampliaciones o modificaciones en sus viviendas, verán incrementado previsiblemente su recibo del IBI. Al margen que los propietarios decidan recurrir o presentar alegaciones, estarán obligados al pago de una tasa de 60 euros que tiene como finalidad financiar el coste de los trabajos impulsados por el Estado.

Recientemente, el Consistorio crevillentino solicitó al Catastro una ampliación del plazo para que los vecinos puedan presentar alegaciones, que son 15 días desde que la persona recibe la notificación. El Catastro denegó esta petición aludiendo a motivos legales. El Ayuntamiento pidió esta prórroga basándose en la «afluencia masiva de público que ha colapsado el Punto de Información Catastral», según apuntó la primera teniente de alcalde Loreto Mallol.

Así, a pesar de la solicitud, los crevillentinos tienen ese plazo de dos semanas para alegar contra las notificaciones que consideren injustas. La dependencia municipal se encuentra así saturada para atender las solicitudes de información y las reclamaciones de los habitantes de la localidad.

Paralelamente , Crevillent también solicitó al Catastro en 2015 que iniciara un procedimiento de valoración colectiva simplificada para aquellos suelos urbanos considerados urbanizables, sin una ordenación detallada, por lo que sus expectativas urbanísticas son menores y su valor económico también.

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