El alcalde de Crevillent, César Asencio, considera que la alegación a los presupuestos municipales de 2017 por parte de unos vecinos de San Felipe Neri, que presentaron más de un centenar de firmas para que se incremente la seguridad en el área rural, ha paralizado las cuentas del Consistorio. Según Asencio, esta alegación, que apoya una enmienda del grupo de l´Esquerra, impide la entrada en vigor de los presupuestos. Residentes en San Felipe Neri reclaman que se ponga en marcha el servicio de vigilancia para las pedanías aprobado en pleno «para garantizar la seguridad de los vecinos de San Felipe Neri, El Realengo, Las Casicas y el Rincón de los Pablos».

La primera autoridad señaló que «esto nos obliga a llevar esta alegación a los servicios técnicos y, una vez estén evacuados los informes, se tendrá que convocar una comisión de Hacienda para discutir la alegación y, después de ese dictamen de Hacienda, en función de lo que se dictamine, si procede incluir esa alegación en el presupuesto habrá que modificar la partida, y si no procede quedará tal y como se aprobó», apuntó Asencio.

El siguiente paso sería llevar nuevamente a pleno la validación de la partida y volver a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, con un nuevo plazo de entrada en vigor. La alegación presentada por el presidente de la asociación de vecinos de San Felipe Neri, Fernando Lorenzo, señala que el 27 de febrero el pleno del Consistorio aprobó una moción en materia de seguridad en las partidas rurales y cuyo acuerdo, entre otros puntos, recogía el compromiso explícito de destinar una partida presupuestaria de 45.000 euros para contratar un servicio de vigilancia privada en los núcleos rurales. Los alegantes manifiestan que la aprobación inicial de las cuentas municipales no incorporan esta partida, a pesar de que éste fue un compromiso adquirido por acuerdo plenario.

El alcalde, por su parte, cree que esta alegación tiene «poco recorrido» porque, según su versión, el Ayuntamiento no infringe ninguna norma, ya que «no es competencia del Consistorio pagar vigilantes privados suplantando al Estado en la zona del campo», aseveró. Además concluyó que, en cualquier caso el Ayuntamiento podría encargarse de esa labor si el Estado emitiera un informe favorable, y que para ello han enviado un escrito al Gobierno que sigue sin respuesta.