El Ayuntamiento de Santa Pola se encuentra inmerso en plena tormenta política y en un estado de incertidumbre total, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya dado la razón al PP, y haya decretado que se retiren las competencias a los dos concejales tránsfugas, Ignacio Soler y Francisco Soler, en los que apoya en estos momentos su mayoría el Ejecutivo local. De hecho, el Ayuntamiento ya está estudiando el recurso de apelación que presentará contra la decisión del magistrado.
La sentencia considera que el decreto de Alcaldía que asignó competencias y delegaciones del Gobierno municipal a los concejales Ignacio Soler y Francisco Soler contraviene la Ley de Régimen Local y la normativa antitransfuguismo, porque conlleva que ambos ediles disfruten de más derechos económicos y políticos de los que hubieran obtenido si hubieran permanecido en la formación con la que acudieron a las urnas, Ciudadanos en este caso. El magistrado, en este sentido, declara nulo el decreto en cuestión, y deja sin efecto las delegaciones de competencias, incluyendo la dedicación exclusiva, y condenando al Ayuntamiento a acatar este pronunciamiento e imponiendo las costas procesales a la parte demandada.
De momento, tanto desde el Gobierno municipal como desde el PP de Santa Pola se muestran cautos, y prefieren no hacer declaraciones públicas sobre la deriva que tomará la estrategia de cada uno. No obstante, tanto la alcaldesa como los ediles tránsfugas andan en manos de los servicios jurídicos para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El concejal Francisco Soler, en este sentido, admitió que ya está en marcha el proceso para recurrir. Además, se muestra convencido de que la justicia se pronunciará a favor del decreto de Alcaldía que benefició a ambos concejales, porque, según dijo literalmente, el proceso en el que están inmersos «se basa en sentencias condenatorias que no se asemejan a nuestra situación».
Mientras, desde el Partido Popular, también están siendo asesorados por un abogado en este procedimiento que, según el edil popular José Pedro Martínez, «está siguiendo los mismos pasos que el procedimiento de la Font de la Figuera, por el que en TSJ se pronunciará más pronto que tarde». En el caso referido, una concejal tránsfuga de la población valenciana fue expulsada de Ciudadanos por desobedecer las directrices del partido al pactar con Compromís y PSPV en 2015 y darles la Alcaldía. El Partido Popular de la localidad también interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue estimado y recurrido al TSJ por el Gobierno municipal. La sentencia de este caso podría sentar precedentes para el caso de Santa Pola, salga el resultado que salga.
Por lo que respecta a Santa Pola, el juez da la razón en primera instancia al PP porque el día en el que se dictó el decreto de Alcaldía (el 15 de junio de 2015), en el que se atribuían las delegaciones de Hacienda, Pesca e Industria y las de Infraestructuras, Servicios Públicos y Fomento a Ignacio Soler y a Francisco Soler, respectivamente, los concejales aún no eran «no adscritos» y, por ello, se incurre en «fraude de ley», señala el fallo judicial.
Por ello, para el magistrado que lleva el caso, se contravino la norma que indica que «ningún concejal puede sacar partido personal - económico o político- contrario a la legitimidad democrática de su cargo, dejando o siendo expulsado de la formación por la que fue elegido, apoyando con sus votos planteamientos políticos de formación distinta».
El juez considera destacable que, con carácter previo al decreto de delegación, se rompió la disciplina de voto para que en la constitución de la nueva Corporación resultase elegida como alcaldesa Yolanda Seva. De hecho, se expresó la voluntad de los dos ediles de formar parte del grupo mixto, dejando así el partido de Ciudadanos, aunque tres horas después se desdijeran. La resolución resalta, además, que, con carácter previo al decreto que, ese mismo día, atribuía una serie de delegaciones a los concejales, se suscribió un acuerdo para votar a Yolanda Seva para el cargo de alcaldesa y entre ellos figuraban dos concejales que habían concurrido a las elecciones con Ciudadanos. No obstante, la concejal de la formación naranja Eva Mora no actuó de igual modo que sus compañeros, y no obtuvo ninguna delegación en el Gobierno municipal. Ante ello, el magistrado deja sin efecto las delegaciones de competencias, incluyendo la dedicación exclusiva, y condena al Ayuntamiento a acatar este pronunciamiento, aunque puede apelar.
En estos momentos, el Gobierno local está integrado por cuatro formaciones -PSOE, Compromís, Sí se Puede Santa Pola e IU-, además de los dos tránsfugas, lo que suma once concejales. Mientras, la oposición está integrada por los nueve regidores del PP y la edil de Ciudadanos, lo que les deja en uno menos que el actual Ejecutivo local.
