Los ediles tránsfugas de Ciudadanos en Santa Pola recurrirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, que ha estimado un recurso del Partido Popular santapolero para retirar las competencias a los concejales no adscritos, Ignacio Soler y Francisco Soler, en el Ayuntamiento de la villa marinera. Así lo anunciaron ayer por la tarde en el pleno ordinario que se celebró en Santa Pola. Lo hicieron después de que, en el turno de ruegos y preguntas, la concejal de Ciudadanos, Eva Mora, instara a la alcaldesa, Yolanda Seva, a que cumpla la sentencia judicial.

Los ediles díscolos respondieron que no dejarían sus actas y que van a recurrir la sentencia en los próximos días. El edil Ignacio Soler respondió a la regidora de la formación naranja que «el puesto que tengo aquí lo tengo por no acatar una infamia de su caudillo Alberto Rivera», dijo literalmente. Además, se refirió a su antigua formación como una «agrupación política mafiosa», y aseguró que su decisión de rebelarse se debió a que «quería seguir luchando contra la corrupción del PP». Por su parte, Francisco Soler se reiteró en la decisión de no entregar el acta de concejal y aseguró que su puesto en el Ayuntamiento lo tiene «por negarse a que Miguel Zaragoza fuera alcalde».

Ante ello, el PP pidió respeto para su formación política ante las acusaciones de corrupción. Mientras, la alcaldesa, Yolanda Seva, manifestó que «cada uno hizo lo que consideró que debía hacer en su momento y habrá que esperar a la resolución tras la apelación anunciada».

Este recurso se presentó en 2015 contra el decreto de Alcaldía en el que se otorgaba a los concejales tránsfugas de Ciudadanos, Ignacio Soler y Francisco Soler, que les arrebataron la vara de mando al PP, competencias y delegaciones por parte de Yolanda Seva.

El PP hizo público el fallo judicial poco antes del pleno. La sentencia da la razón al grupo popular aportando que se ha vulnerado el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 134 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en este sentido.

El juez motiva la sentencia en que cuando se repartieron desde la Alcaldía las competencias y delegaciones de Hacienda, Pesca, Infraestructuras o Limpieza Viaria, entre otras, se produjo un «fraude de ley».

Asimismo, argumenta que «ningún concejal puede sacar partido personal, económico o político, contrario a la legitimidad democrática de su cargo, dejando o siendo expulsado de la formación por la que fue elegido, apoyando con sus votos planteamientos políticos de formación distinta». El juez pide acatar la sentencia, dejando sin efecto las delegaciones y privando de los derechos políticos y económicos que conllevan. El Ayuntamiento deberá asumir los gastos legales.