La regeneración de las 98 viviendas en Crevillent, destinadas a vivienda pública, está en el aire. En el acuerdo que se forjó entre el Consell, el Gobierno central y el Ayuntamiento en 2007 para empezar a rehabilitar una zona deprimida y castigada del municipio, de momento, sólo están claros los derribos de las viviendas más afectadas. La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE), Helena Beunza, admite que, en principio, no pueden afrontar ni financiar la nueva construcción, ya que, actualmente, el EIGE solo se dedica a rehabilitar vivienda pública ya existente.

El total de la superficie del área asciende a 23.503 metros cuadrados, incluyendo los bloques privados de la zona de Béquer. Así, el alcalde, César Asencio, se muestra preocupado por un posible estancamiento del proyecto y considera un problema que «se quede sin construir y se convierta en un descampado foco de suciedad», según consideró la primera autoridad.

Lo que sí está claro, tras una reciente reunión de César Asencio; la concejal de Bienestar Social, Juana Guirao; y la directora del EIGE, es que el contrato de demolición de las viviendas que aún quedan en pie en el área ya está en las últimas fases de adjudicación y que se resolverá en menos de dos meses.

De este modo, el derribo podrá ser una realidad en verano. El paso previo a la demolición será comprobar que las casas no se encuentran ocupadas ilegalmente para evitar que los trabajos se paralicen, como ya ocurrió 2009.

El alcalde de Crevillent, César Asencio, afirma que entiende que «la situación es nueva y va para largo, aunque trataremos de buscar una solución». Asencio cree que «el caso de las 98 viviendas de Crevillent se debe considerar una restauración de las casas y, por lo tanto, no se trata de realizar un nuevo plan, sino de volver a erigir los edificios que ya existían».

Por su parte, la representante del Consell ve razonable la propuesta, pero apunta que es necesario hacer consultas y estudios previos antes de actuar y los plazos se prevén a largo término. De momento, el Consell solo está habilitado para actuar en la parcela pública, pero no en las 34 viviendas del área de Béquer, porque es un edificio privado.