Santa Pola fue declarada como municipio libre de desahucios en enero de 2015. A pesar de ello, se siguen produciendo lanzamientos de vivienda, subastas, y otras acciones que afectan a toda la ciudadanía. Así, el problema de los suministros en las viviendas sociales es uno de los asuntos que se debatió en la última mesa de desahucios de la villa marinera, que ya lleva a sus espaldas 16 meses y otras tantas reuniones, no ausentes de problemas enquistados. De hecho, se detectó que en Santa Pola muchas de las 44 viviendas de alquiler social en las que los bancos han realojado a familias que perdieron su lugar de residencia no contaban con los requisitos legales para la obtención de los suministros de luz y agua, al no poder tramitar la licencia de ocupación de la vivienda. La mesa de trabajo creó un protocolo para el cotejo previo de la vivienda de alquiler social para subsanar imprevistos antes de que las familias fueran realojadas y se vieran durante un tiempo sin luz y agua.
La mesa, compuesta por todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santa Pola, y coordinada por las concejalías de Participación Ciudadana y Vivienda Social, está integrada también por trabajadoras de Acción Social, OMIC, además de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santa Pola, Cáritas y Cruz Roja.
La PAH Santa Pola medió recientemente en los trámites de empadronamiento de dos familias en la localidad y la obtención del suministro de agua sus viviendas recuperadas, y ahora trabajan por resolver el alta de luz y la petición de alquiler social a los bancos propietarios de las viviendas. De esta forma, la tendencia es que las familias con problemas habitacionales se instalen a vivir en casas que son propiedad de entidades bancarias y que permanecen vacías. Es un asunto que gestiona la denominada obra social de la PAH. Además, la asociación consiguió recientemente que una familia firmara un alquiler social en Santa Pola, en su propia vivienda, por 125 euros al mes hace unas semanas. De este modo, frenaron la notificación de desahucio que llegó al domicilio del afectado y su hija. Ya lograron detener el lanzamiento de la misma vivienda hace un año.
En la mesa de trabajo del Consistorio y otras organizaciones crecen las reuniones con bancos, las bases para establecer acuerdos con SUMA para el ejercicio de pagos, avances para crear un registro de viviendas vacías en el municipio, la notificación del pago del IBI a las viviendas cuya propiedad sea de los bancos, la promoción de los alquileres sociales,las daciones en pago y la lucha contra las cláusulas suelo, entre otras medidas.
No obstante, la PAH Santa Pola apuntó a carencias presentadas hasta la fecha en las reuniones y a una coordinación con Acción Social y la oficina de Intermediación mejorable y, aunque reconoce el esfuerzo del equipo de gobierno, recuerda que hay muchas familias aún en peligro de perder su vivienda en la localidad y que deben ofrecer soluciones rápidas, eficaces y verdaderas.
