Santa Pola dio el visto bueno a la cancelación del desarrollo del sector industrial IN-4 o Las Torres y puso fin así a un proyecto que se inició en 2004 y llevaba estancado en la villa marinera desde el año 2009. Asimismo, se produjo también la caducidad de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del desarrollo del complejo.
El lugar donde se quiso implantar el proyecto de desarrollo de Las Torres se encuentra entre las carreteras CV-865 y CV-851, próximo al área de Els Xiprerets, a las afueras de la villa marinera. El convenio con la UTE para desarrollar este sector fue aprobado el 10 de mayo de 2004. En este convenio se estableció que el Ayuntamiento recibiría 500.000 euros en concepto de mejora y aportación al patrimonio municipal de suelo. De ellos, 250.000 euros llegarían con la firma del convenio, y otros 250.000 euros una vez se aprobara definitivamente el desarrollo del sector por parte del Consell.
El plan de desarrollo creado para ampliar la zona industrial, dentro del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada, (PDAI) se empezó a tramitar pero, mientras tanto, el Ayuntamiento promovió un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para sustituir al Plan General de 1985. El Consell no aprobó el desarrollo del sector hasta que se aprobó definitivamente el nuevo Plan General del municipio en el año 2009.
Este nuevo PGOU se publicó en el DOGV el 1 de julio de 2009 y, desde ese momento, el Ayuntamiento de Santa Pola ni pidió los 250.000 euros restantes, ni obligó a que el agente urbanizador desarrollara el sector, ni tampoco pidió el aval de garantía del 7% del coste de la urbanización del sector industrial, según fuentes del Gobierno municipal.
En diciembre de 2015, ya con el nuevo equipo de gobierno, la UTE constituida como agente urbanizador solicitó la resolución y liquidación del convenio urbanístico. La decisión final, con los votos a favor del Gobierno y la abstención de la oposición, ha sido la obligación por parte del Ayuntamiento de devolver los 250.000 euros que se adelantaron más los intereses generados durante los años que pasaron hasta que se aprobó definitivamente el nuevo PGOU. El Gobierno municipal, de esta forma, quiere «romper con el pasado y establecer unas bases fuertes para garantizar el futuro de Santa Pola»,según dejaron patente en el último pleno municipal en el que se debatió y aprobó la medida sin ninguna negativa explícita de la oposición. Así, agregaron, están solucionando problemas que se habían quedado estancados durante años y que nadie hasta ahora había tomado la iniciativa de resolver.
