El promotor del residencial El Pinar va a tener que asumir el millón y medio de euros que el Ayuntamiento de Crevillent estima que falta por invertir en las obras del parque de la urbanización. El juzgado ha fallado a favor del Ayuntamiento sobre el valor de las obras ejecutadas en la zona verde del residencial. Según la notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, la promotora del Pinar deberá abonar más de 1,5 millones para completar los 2.276.297 euros que según el convenio urbanístico debía invertir en el parque del residencial.

Esta cantidad habrá de sumarse a los 1.100.000 euros que la empresa ya entregó al Ayuntamiento con la compensación de la cesión de la parcela industrial en el Polígono I-4 con una nave incluida y obras de reforma. Con la suma de estos 1.568.927 euros más, se llegará a la cifra convenida, de conformidad con el convenio urbanístico firmado.

Este pleito se inició cuando la promotora, tras redactar los proyectos y comenzar a ejecutar las obras para la urbanización de la zona verde, detuvo las obras a mitad alegando que ya se había agotado la partida de los 2.276.297 euros y que para seguir el Ayuntamiento tenía que financiar lo que faltaba. Por contra, técnicos municipales informaron de que el saldo real era que al Ayuntamiento se le adeudaban aún 1.568.927 euros y se desestimó la reclamación de la promotora, que acudió a los juzgados para parar la orden de embargo del Ayuntamiento.

Los casi 2,3 millones de euros que el Consistorio debía percibir como cesión gratuita por la aprobación del residencial en el Sector R-10 debían emplearse en ese gran parque, cediendo la promotora casi 80.000 metros cuadrados, según obligaba la ley y contando con una entrega extra gratuita de unos 50.000 metros cuadrados para zona verde.

Paralización

El Ayuntamiento de Crevillent aprobó en febrero de 2013 la suspensión temporal de la urbanización por dos años, y en 2015 la Agrupación de Interés Urbanístico pidió otra prórroga de dos años más, aunque, en esa ocasión, el Consistorio sólo aprobó un año de suspensión, a la espera de que, con los datos que había de recuperación económica, se pudiera reiniciar la urbanización. Desde entonces, el Ayuntamiento se vio obligado a requerir al promotor que limpiara la hierba de la calzada, o que cortara las calles cuando se esté ejecutando alguna actuación. No obstante, el propio Consistorio se ha tenido que ocupar de estas actuaciones de forma subsidiaria.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche condena también condena a la promotora al pago de todas las costas del juicio. La sentencia es recurrible en el plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El alcalde, César Asencio, recordó que queda otro pleito pendiente con la promotora de El Pinar, en relación con una parcela adjudicada en la reparcelación del R-10, de 39.687,60 metros cuadrados a dos propietarios integrados en la promotora. El Ayuntamiento la reclama por provenir de suelo de monte público que aseguran que de forma errónea se incluyó en las escrituras de la promotora, por uno de los antiguos propietarios que vendieron luego el suelo a la empresa.