Una veintena de vecinos de un edificio en fase de ejecución hipotecaria en la calle Gabriel Miró, que fueron víctimas de una empresa que les ofreció alquileres fraudulentos, podrán quedarse en las dependencias sin ser desahuciadas. La Oficina de Intermediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Santa Pola medió entre los vecinos, la entidad bancaria -nueva propietaria de las viviendas-, y la empresa que cobraba los alquileres. El objetivo era conseguir que las personas con una serie de irregularidades en la titularidad de los inmuebles no tengan que salir de ellos.
Concretamente, la empresa promotora de la construcción fue objeto de una ejecución hipotecaria que afecta a la totalidad del edificio, y que ponía en peligro las seis viviendas de las personas que las alquilaron. El departamento de Servicios Sociales mantuvo conversaciones telefónicas con el responsable bancario para poner en marcha el procedimiento de solicitud de subrogación de los contratos de alquiler que los firmantes tenían acordados con la promotora. Una de las responsables de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Santa Pola, Gemma Asencio, está al frente del proceso de mediación en este caso en el que llevan trabajando desde el mes de julio. «Llegó a la oficina uno de los afectados con un contrato de alquiler extraño», afima Asencio. «La empresa que ofrecía los alquileres, sita en Almería, ofertaba unos contratos muy baratos para la villa, de unos 225 euros, y, por ello, las familias entraron». La trabajadora de Acción Social relata que las personas inquilinas son familias con pocos recursos económicos, y con menores a su cargo que no pueden permitirse un alquiler medio en Santa Pola que ronde los 400 euros.
La empresa alquiló viviendas sin cédula de habitabilidad en su mayoría, sin contadores y que no disponían de equipamiento básico como cocinas. «Tuvieron que ir cerrajeros a abrir las puertas a la fuerza». La empresa que cobraba los alquileres llegó incluso a reclamar el pago varios meses después de haberse realizado la ejecución hipotecaria, cuando las viviendas ya eran propiedad del banco. «Cobraron los meses de mayo, junio, julio y, hasta en algún caso, el de agosto cuando ya no tenían el bloque en propiedad». Además, según Asencio, reclamaban el abono a base de amenazas, acoso, llegando incluso a personarse responsables de la firma en las viviendas de los afectados.
La Agencia de Acción Social puso en conocimiento del banco la ocupación de estos pisos y empezaron a negociar con ellos para evitar el desahucio antes de que se resolviera judicialmente.
Así, han conseguido un contrato subrogado para los inquilinos, de tres años de duración prorrogables, en el que se negocian las condiciones dependiendo de las posibilidades de cada una de las personas titulares. La entidad se hará cargo de los desperfectos en la finca y se está negociando el pago de la comunidad. Los vecinos ya están recopilando la documentación necesaria para realizar el alquiler de forma legal.
«Los interesados ya están entregando la documentación en la agencia y nosotros estaremos presentes en la firma con la entidad bancaria para resolver cualquier duda», aseguró la responsable del asesoramiento desde el Consistorio. Además, aseveraron desde el área que, hasta que los vecinos no estén alojados de forma legal, no cerrarán el expediente.
También afirmaron que si cuando se cumpla el contrato con la entidad bancaria se cambian las condiciones del alquiler y los inquilinos no se lo pueden permitir, lucharán para que se prorroguen las condiciones del alquiler social en la medida de lo posible.
Los vecinos dicen sentirse aliviados en este momento, y cautos y expectantes por ver cómo acaba el proceso para hacer legal su situación. Asimismo, hay un proceso judicial abierto en el que, según la sentencia, podrían solicitar el dinero que pagaron en concepto de alquiler a la empresa cuando ya no era propietaria del edificio. A raíz del caso, Acción Social se encuentra ahora trabajando en dos posibles casos similares en otros edificios de Santa Pola.
Seguimiento
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santa Pola también tenía conocimiento de estos casos y han estado y siguen pendientes de él aunque no prevén acciones porque los vecinos parecen contar con la solución habitacional como consecuencia de la mediación del Ayuntamiento de Santa Pola.
A principios de semana, la alcaldesa, Yolanda Seva, y el concejal de Acción Social, Lorenzo Andreu, se reunieron con las personas afectadas por esta serie de irregularidades en la titularidad de los inmuebles de la calle Gabriel Miró. Seva manifestó que «este equipo de gobierno no va a permitir que haya familias que, debido a una mala gestión de empresas promotoras de construcción, vean peligrar sus hogares».
Además, la alcaldesa apuntó que «el trabajo que está realizando el departamento de Acción Social es excepcional y muy importante», porque, según destacó, «permitirá regular la situación de estas personas que pensaban que iban a ser desalojadas y les dota de apoyo y seguimiento y esto es algo muy importante para el conjunto de la ciudadanía».
