Los usuarios y residentes del Santa Pola Life Resort constituyeron recientemente una asociación que aglutina a 17 de la treintena de propietarios de servidumbre en el complejo. En una reunión celebrada la semana pasada decidieron agruparse para aunar sus voces y tener más fuerza y apoyo en sus reivindicaciones.

Así, se realizó la elección de los cargos directivos con una vigencia de cuatro años, que, a partir de ahora, representarán a la totalidad de miembros del resort que reclaman servicios que, aseguran, no se están garantizando.

«La asociación nace para velar por los derechos y necesidades de los usuarios del complejo», afirmó José Manuel González, tesorero de la agrupación. Recientemente, la Audiencia Provincial desestimó por la vía penal la causa abierta desde 2012 por la que varios usuarios argumentaban haber sufrido una estafa y acusaban al notario de la localidad santapolera y a cinco cargos de la entonces Bancaja, de haberles vendido como propios inmuebles, cuando en realidad estaban aceptando una concesión a la hora de adquirir las servidumbres en el complejo. La Audiencia Provincial decretó que les queda recurso por la vía civil.

Los miembros de la asociación argumentan que en el Registro de la Propiedad se establece la servidumbre de la vivienda como servidumbre personal perpetua, una figura que no existe como tal en la legislación española. Además, aducen que en todo momento, cuando adquirieron las servidumbres, la información dotada por Bancaja indicaba que se trataba de viviendas y, por ello, se consideran estafados. Los inmuebles se vendieron a particulares de más de 55 años, cuando se trataba de suelo dotacional indivisible en el que estaba previsto construir un complejo para mayores. El asunto aún parece lejos de solucionarse y, mientras tanto, los vecinos ocupan estas viviendas en precario.

Los usuarios reclamaron, a su vez, más implicación del Ayuntamiento en el proceso y exigieron que, «al menos, respondan a algunos de los seis escritos oficiales que se le han presentado desde el mes de enero para realizar reuniones y poner cartas en el asunto», según declaró el tesorero de la nueva asociación.

Criticaron también que la Corporación municipal archivara en septiembre de 2015 el expediente abierto en 2014 tras una junta de gobierno, «no lo consideramos correcto porque se debe a errores de forma más que de fondo». Los residentes reclaman que el Ayuntamiento actúe y que medie para que los usuarios del resort y la actual propietaria del complejo, Santara Life Resort puedan llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes.

Discrepancias

Los gestores defienden que siempre ofrecen alojamientos a mayores de 55 años y a personas con discapacidad y familiares. Asimismo, los propietarios disponen de una licencia para alojamiento turístico firmada por el Consell desde el año 2009.

También argumentan que se prestan los servicios adecuados a las personas usuarias, que pasan por telefonía, satélite, seguridad, mantenimiento, agua, luz, aparcamiento y un botón para emergencias en cada vivienda. La gerencia de Santara asegura que estos servicios se ofrecen de manera gratuita.

No obstante, la residente Carmen Armesto, de 87 años, reclama que, a pesar del sentido asistencial y sanitario del complejo, le deben atender los servicios sociales de Santa Pola, en principio, dos horas semanalmente aunque ahora recibe la ayuda una hora repartida entre dos días a la semana. Además, cuenta con un botón de socorro de Cruz Roja para emergencias. Esta usuaria mantiene que la línea telefónica fija le fue instalada tras reclamarla muchas veces, que el botón de emergencias en la vivienda no funciona y que hay goteras en su apartamento que no se solucionan.