El pleno ordinario de septiembre decidió mostrar su rechazo al levantamiento de la suspensión del contrato de adjudicación a Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria. Los votos negativos de PSOE, Compromís, L´Esquerra y la concejal del grupo no adscrito Leila Laura Gomis y la abstención de Ciudadanos dejaron el sí del PP en minoría, con nueve votos, frente a la postura de formalizar el contrato de servicio público de recogida a FCC.
Este fue el quinto punto del orden del día del pleno que se alargó con el debate entre el Gobierno municipal y la oposición. De esta forma, el Ayuntamiento se manifestó en contra del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en mayo de 2016 dictó sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa FCC, que declaró válido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de abril de 2015 por el que se adjudicaba la nueva contrata de gestión del servicio público de recogida, transporte de residuos, limpieza urbana y gestión del ecoparque.
El alcalde, César Augusto Asencio, indicaba que era muy grave la votación que se había producido en el pleno porque «esta es una sentencia de obligado cumplimiento y así lo ordenan la Constitución y las leyes judiciales. Las sentencias se tienen que cumplir». Asencio ha realizado el registro de la posición del Ayuntamiento que remitirá hoy al TSJ para que actúe en consecuencia.
«Que cada uno asuma sus responsabilidades, yo como alcalde he cumplido con lo ordenado por un fallo judicial y ahora el Tribunal determinará qué hay que hacer», dijo Asencio. Desde el grupo de L'Esquerra manifestaron que el fondo de la decisión de votar en contra fue demostrar que no están de acuerdo con el proceso y la forma de la que se llevó a cabo la adjudicación de la contrata a la empresa FCC. Este grupo considera que la sentencia del TSJ no va hasta el fondo de la cuestión, que es la forma del contrato, que ellos consideran que debería ser de servicios y no una concesión. L'Esquerra realizó un recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anulaba en ese momento la adjudicación del contrato y que luego FCC recurrió dando lugar a la sentencia favorable para la empresa por parte del TSJ.
Para L'Esquerra, el Ayuntamiento decidió unilateralmente desentenderse del caso y dejó el recurso en manos de los dos concejales del grupo de izquierdas como únicos denunciados, por lo que finalmente ninguna parte se presentó como defensa del recurso. Así, el Tribunal dio la razón a la empresa FCC.
Josep Candela, concejal de L'Esquerra, afirma, no obstante, que tras dejar clara su postura, al tratarse de una sentencia del TSJ, acatarán en última instancia lo que dictamine tras la decisión del pleno. El alcalde lamentó que no pueda ponerse en marcha la nueva contrata del servicios de limpieza y recogida de basura, que considera que dará mejores servicios para los ciudadanos y afirmó que «sería más económica que la actual de Selesa», prorrogada mientras llegue la nueva contrata.
Varios grupos de la oposición consideran que tanto FCC como la empresa Selesa benefician a un mismo conglomerado y que debería ahondarse en los motivos de por qué se negoció una contrata de quince años en lugar de seis e investigar qué clases de intereses puede haber detrás.
El pleno ordinario de septiembre también recibió la toma de posesión de la nueva concejala de la coalición de L' Esquerra, Ana Vanesa Mas, en sustitución de Vicent Selva, que dejó su posición este verano. Además, se ratificaron los días de fiestas locales y ayudas de bienestar social a las viviendas, esta última por unanimidad.
