El proyecto de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en el sector Calera, en la Ronda Norte de Santa Pola, continúa demorándose entre trámites urbanísticos e informes medioambientales.
La Conselleria de Urbanismo recibió este mes desde el Consistorio santapolero el documento que aclara cuál es la franja perimetral entre el monte y suelo no urbanizable del área de Calera y la parcela edificable de 25 metros donde se colocará, de forma obligatoria, un paso de cinco metros de anchura. Así, según lo aprobado, se realizará una permuta del suelo para proteger más el monte haciendo urbanizable el centro del sector y dejando lista una zona de amortiguación alrededor.
La remisión de este documento, que se corresponde con el artículo 138 de las normas urbanísticas del Plan General, se aprobó por unanimidad de todos los concejales en el pasado pleno. El citado artículo es la respuesta con la que, tras un año y una Comisión Informativa de Urbanismo después, se atiende a la petición de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para aclarar el régimen jurídico de la afección de Monte de Utilidad Pública. De este modo, debidamente definida la protección de los montes de utilidad pública del entorno, esperan poder dar el siguiente paso para comenzar el proyecto de viviendas. Ahora, la Conselleria debe dar su aprobación definitiva y el Consistorio está a la espera de su respuesta.
El concejal de Infraestructuras, Servicios Públicos y Fomento, Francisco Soler, asegura que, aunque ya se ha remitido el artículo citado, el proceso se encuentra estancado y no esperan ningún paso en firme hasta dentro de al menos un año.
Soler mantiene que, a pesar de los pasos dados relativos a elaborar el proyecto y sentar las bases con el Consell, no hay colaboración con Fomento, de la Administración central, y que, dado que todavía existe un Gobierno en funciones, va a ser difícil que el Ministerio apruebe la entrada de este proyecto de viviendas de protección oficial en un plazo breve.
Además de la lentitud de trámites, el proceso quedó el año pasado en espera de comprobar si el Plan General de Ordenación Urbana mantenía algún cambio a raíz de un informe del impacto medioambiental de la construcción de viviendas de protección oficial en el sector Calera. La modificación realizada, finalmente, no afectó a la ordenación estructural del plan, sino a la incorporación de una regulación jurídica necesaria. El proyecto, de momento, sigue estancado.
