El Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha solicitado al Ayuntamiento de Crevillent documentación que considera esencial sobre el desamiantado durante el derribo de las viejas naves de Imperial. La judicatura citó el pasado 17 de mayo, a través de un requerimiento de aclaraciones, al Ayuntamiento, los trabajadores y la empresa contratada para la limpieza. El alcalde de Crevillent, César Asencio, en su comparecencia, aportó los documentos del plan de desamiantado que se utilizó en 2012 y la resolución de un expediente de la Inspección de Trabajo. Dicho expediente anulaba una sanción derivada de una denuncia del grupo municipal de Esquerra Unida-Esquerra Republicana y archivaba la investigación en 2015.

La Fiscalía recurrió tal resolución alegando que había contradicciones con la denuncia de la Dirección Territorial del Trabajo y que no había plan de desamiantado en los autos judiciales. Ante esta incongruencia, la Audiencia Provincial ordenó que se realizasen más diligencias a instancias de la Fiscalía para aclarar la actuación municipal y de la empresa. Fruto de estas investigaciones se citó a las partes en el juzgado el pasado 17 de mayo.

Procedimiento confuso

Los documentos que ahora maneja el juez de Instrucción no fueron enviados al juzgado cuando se reclamó el expediente de demolición de Imperial. El motivo, según fuentes municipales, es que la demolición se gestionó desde el área de obras y el plan de desamiantado se quedó en la oficina técnica que supervisaba la obra. Desde el Consistorio afirman que, cuando recibieron la petición de información, la Concejalía de Obras envió una documentación incompleta y que desconocía que existía el plan de desamiantado en su respuesta al juzgado. Así, realizada esta nueva comparecencia, esperan que se puedan aclarar las lagunas que alegó el Ministerio Fiscal.

Instrucción en curso

La judicatura ya cuenta con esta nueva documentación y la instrucción sigue en curso. Por ello, podría volverse a solicitar documentación adicional en el caso de que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento no fueran lo suficientemente aclaratorias. Fuentes municipales esperan que, con el plan de trabajo aportado, el Jugado de Instrucción pueda cerrar definitivamente el caso. En cualquier caso, anuncian estar a disposición de cualquier requerimiento del poder judicial.

El Juzgado de Instrucción archivó en dos ocasiones las diligencias de investigación, entendiendo el juez que no había delito, mediante autos de diciembre de 2012 y de enero de 2015. En el caso de que prospere el recurso de la Fiscalía, el Ayuntamiento se enfrentaría a un delito contra la salud de los trabajadores por no tomar medidas de seguridad en el tratamiento del amianto durante la demolición de las naves viejas de Imperial.