Fernando Urruticoechea: «En el Ayuntamiento de Crevillent me encontré con un predominio del interés privado sobre el interés general»

Exinterventor de Crevillent. Su paso por la localidad alfombrera ha dejado una huella difícil de borrar

19.04.2016 | 01:14
El interventor Fernando Urruticoechea, frente al Ayuntamiento de Crevillent.

Su labor de «contrapoder», como el mismo describe, le ha servido para sacar a la luz irregularidades, inhabilitar a dos regidores y abrir investigación contra otras seis alcaldías.

El caso de la planta de basuras de Abornasa ha sido uno de los más sonados en su más reciente trayectoria profesional. Sacar a la luz las presuntas irregularidades con los residuos urbanos fue uno de los detonantes para que Urruticoechea tuviera que salir huyendo de Crevillent, tras un grave enfrentamiento con el alcalde César Asencio, que precisamente, fue denunciado por prevaricación ambiental. El trabajador público denuncia haber sufrido una grave persecución hacia su persona en la localidad alfombrera. Pese a su «mala fama» entre el PP crevillentino, el exinterventor ha sido recientemente reconocido con el premio a Llibertat d'Expressió 2016 por la Unió de Periodistes Valencians.

Su figura ha estado rodeada de polémica por sus denuncias y ahora acaban de reconocer públicamente su trabajo. ¿Se considera un interventor inusual?

No, me considero un interventor cumplidor con mis funciones y vocacional. He recibido este reconocimiento en un momento muy oportuno y de una forma emocionada, porque la situación que estoy atravesando ahora mismo en el Ayuntamiento de Orihuela es falta de libertad de expresión. Un derecho que está unido a la libertad de cátedra y que está relacionado con la libertad de auditoría. El trabajo de un interventor es un trabajo de fiscalización, de auditoría interna y la libertad de expresión es un requisito «sine qua non» para la calidad de su trabajo.

¿Como describiría la función de un interventor municipal?

Es la defensa del bolsillo de los ciudadanos. Y pese a eso, nadie sabe qué es un interventor. Es la crónica de un fracaso lo de nuestra profesión. Y si nuestra función es esa y los ciudadanos nos han enterado quiere decir que nuestra figura no funciona. No existe control interno, porque no hay funcionarios independientes dentro de un sistema organizado para que funcione este control interno. Nuestra tarea es también defender las espaldas de los alcaldes y los gobernantes. Como dice un artículo inglés, nuestra función el salvar el culo de los alcaldes, pero no besárselo.

Le han llegado a llamar el «derroca alcaldes», ¿se ve así?

Es bastante exagerado. Mi trabajo nunca ha tenido que ver con eso. Esa expresión es consecuencia de una situación fatal. Los contribuyentes españoles no se han enterado que tienen en el Ayuntamiento un defensor que se llama interventor y los alcaldes no quieren saber nada de tener un guardaespaldas que defiendan la legalidad, porque no quieren saber nada de la legalidad. Con lo cual, la mayor parte de los compañeros se dedican a sobrevivir y otra minoría nos convertimos en sufridores.

¿Por qué eligió Crevillent?

Quise elegir muy cuidadosamente este municipio. En la provincia de Alicante hay más ayuntamientos sin plaza de interventor titular que consistorios con esta figura. Elegí un municipio en tercer línea de playa para que tuviera el menor problema urbanístico que fuera el principal motivo de corrupción y que tuviera cuentas saneadas, aparentemente. De todos los candidatos que valoré, uno era Crevillent y otro Orihuela.

¿Con qué se encontró en la localidad alfombrera?

Una apariencia de saneamiento financiero, pero luego una tremenda desorganización y un predominio del interés privado sobre el interés general, en los temas fundamentales del Ayuntamiento, que era la única unidad de actuación urbanística, la del residencial El Pinar, cuyo agente urbanístico está imputado en Murcia, como Alicante. Me encontré, también, con total indefensión ciudadana en los principales contratos, especialmente el de aguas, el de basura el de jardinería... No existía registro de facturas, ni procedimiento de contratación, ni base de datos de facturas, ni hojas de cálculo de controles de costes. Las nóminas se contabilizaban varios meses después de pagarlas, existía una grave irregularidad en las nóminas que eran los complementos de productividad fijos y periódicos... había una situación de irregularidades gravísimas y lo que hice fue un plan de saneamiento y poco a poco lo solucioné todo. Después de haber entrado yo en 2009, en el año 2012 certifiqué que había cero facturas guardadas en los cajones. En este Ayuntamiento he producido ahorros muy superiores a mi sueldo, a lo largo de los cuatro años y medio que estuve en Crevillent.

Pese a la puesta en orden de los problemas de los que habla, topó con el caso de la planta de basuras Abornasa por el que el alcalde ha acabado siendo investigado, ¿cómo se gestó todo?

En 2012 descubrí todo y dí seis meses de plazo al alcalde, a pesar de que yo tenía que haber hecho el reparo de legalidad inmediatamente. En octubre de ese año se suspendió el pago de las facturas de Abornasa y 2013 fue un infierno para mí y recibí amenazas. Lo que no era normal es que una planta que llevaba más de 40 años funcionando no tuviera contrato. Lo de que tampoco tenía la licencia para residuos orgánicos se descubrió después. Es una barbaridad que la empresa cobrara la mitad a Crevillent por los residuos. ¿No será porque se miraba hacia otro lado en sus faltas de permisos ambientales y que se estaban tratando cerca de 100.000 toneladas de basuras al año al resto de los ayuntamientos? ¿Y el impacto ambiental que tenía para una zona protegida para el Hondo?

¿Cómo no se había dado cuenta antes nadie?

Este es un problema que hay en España, como muchas cosas. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta que había una planta de tratamiento de basuras en la zona de influencia sin ningún tipo de permiso urbanístico ni ambiental? Ni PSOE dijo nada, que ellos fueron los primeros que lo permitieron con alcaldes socialistas. Compromís también miró hacia otro lado. Tras mis informes solo reaccionaron dos chavales jóvenes de L'Esquerra, sin memoria histórica de años anteriores.

Tuvo que dejar el municipio, tras dos expedientes, que al final quedaron en nada...

Tuve que salir huyendo, tras dos expedientes disciplinarios abiertos en el Ayuntamiento, de 63 acusaciones graves y muy graves, con treinta y tantas peticiones de inhabilitación a perpetuidad, los dos instructores, tras un año de investigación y un calvario personal indecible, en ambos casos no encontraron lo más mínimo.

¿Cómo está la situación del Ayuntamiento en Orihuela?

Orihuela, técnicamente, en estos momentos, cumple los requisitos, según el artículo 61 de la Ley de Bases, como para solicitar la disolución del Ayuntamiento. Para que ocurra esto, que sólo se ha dado una vez en España, con el Consistorio de Marbella, donde también había imputados, tiene que haber una gestión gravemente perjudicial para el interés general y con incumplimientos de obligaciones constitucionales. Técnicamente se dan estas dos condiciones. La situación económica financiera es muy grave, como interventor he emitido las alertas correspondientes a Hacienda y la Sindicatura de Cuentas conoce la situación. Yo no pido una disolución, pero es necesaria una actuación de los órganos claves y posiblemente de la Fiscalía. La intervención municipal está desmantelada, hay más deudas que dinero en el Ayuntamiento.

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