Una moción elaborada con la idea de apartar al exalcalde Miguel Zaragoza del Ayuntamiento de Santa Pola y de la Diputación Provincial. El pleno de la Corporación Municipal de la villa marinera aprobó en la noche del miércoles una propuesta presentada por todos los grupos que integran el equipo de gobierno (PSOE, Compromís, Sí se puede, Esquerra Unida y los dos concejales no adscritos), en la que insta a todos los cargos políticos del Consistorio que están siendo «investigados» -antes imputados-, a dejar su acta de concejal. En caso de no hacerlo, deben ser los grupos políticos de los afectados los que soliciten al edil que entregue su acta, no solo de concejal, también de diputado provincial o autonómico si ostentara alguno.

A partir de la lectura de la propuesta, se abrió un intenso debate en el salón de plenos. El exalcalde Miguel Zaragoza, del grupo popular, tomó la palabra para matizar que su condición no es la de investigado o imputado, sino la de «denunciado», en virtud a la querella presentada por un grupo de vecinos del Cabo de Santa Pola y Carabassí, que entienden que como primer edil no garantizó su derecho al descanso. El debate se intensificó al tomar la palabra los dos no adscritos, Francisco Soler e Ignacio Soler, que aludieron directamente al exalcalde Zaragoza y le instaron reiteradamente a entregar tanto su acta de concejal como la de diputado provincial.

En relación al caso de las licencias que se otorgaban a chiringuitos en la playa del Carabassí, en principio como bares, y que presuntamente funcionaban después como discotecas, además del exalcalde de Santa Pola, hay tres concejales de Elche que han declarado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Elche como «investigados». Son el exconcejal socialista Emilio Domenech y los ediles del Partido Popular, actualmente en la oposición, Luís Ángel Mateo y Justino Delgado. Los vecinos emprendieron acciones por lo penal contra los tres concejales de Elche que tuvieron competencias en licencias de apertura de 2010 a 2015, y por el mismo motivo contra el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza. Los residentes -que ya ganaron un recurso contencioso y tienen otros dos en marcha- consideran que se permitió a los chiringuitos funcionar como discotecas sin tener licencia para ello, causando molestias por el ruido, y que los hechos podrían constituir un posible delito de prevaricación medioambiental.