«Tantos años trabajando duro en Bruselas para volver a España y vivir bien cuando nos jubiláramos y no ha servido de nada», lamentan consternados César Lostal y Mari Carmen Serrano, dos residentes del complejo Santa Pola Life Resort de Gran Alacant, una urbanización de lujo inaugurada en 2008, sobre la que el juzgado investiga si sus vecinos fueron estafados al comprar una propiedad que realmente no es suya.
El desamparo de estos vecinos, al igual que la que sufren la mayoría de los afectados, no les deja dormir cada día. Ellos invirtieron todos sus ahorros, fruto de 23 años de trabajo en la capital Belga, para adquirir una casa en un complejo destinado exclusivamente a mayores de 55 años, que prometía ser el edén de la jubilación con servicios sanitarios y asistenciales. Sin embargo, ese gran paraíso que esperaban cuando pagaron más de 200.000 euros por la vivienda se ha convertido en papel mojado.
Como ellos, Carmen, una madrileña de 87 años, vendió su casa de la capital y destinó todos sus ahorros a un apartamento en el que pensaba que iba a estar atendida por el personal del complejo. «Para nada ha sido así, he tenido que hacerme con un botón de Cruz Roja para alertar en caso de tener algún problema y solicitar la ayuda de Servicios Sociales. Creí en todo lo que nos vendieron los panfletos de publicidad y, al final todo ha sido una mentira», confiesa Carmen.
Ni comedor, ni cuidadores, ni teatro, ni servicio de ambulancias, ni lavandería, ni catering, ni ahora la piscina climatizada... Todos estos lujos que les prometieron que podrían disfrutar de manera gratuita no están a su alcance, según denuncian los afectados. Toda una indefensión, a la que se suma la incertidumbre de saber si la casa en la que viven podrá ser heredada por sus familiares cuando fallezcan o si podrá ser vendida a terceros. De momento no pueden hacer nada.
Precisamente, este agravio está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Elche, tras la querella que presentaron, a mediados de 2012, catorce residentes de la urbanización contra el notario de la localidad santapolera y a cinco cargos de Bancaja (ahora Bankia) a los que acusan de haberles vendido como propios inmuebles, cuando realidad estaban aceptando una concesión.
Y es que, en las escrituras de la treintena de residentes, que adquirieron una vivienda en este complejo de lujo, consta que se trata de una servidumbre personal perpetua, cuando esta figura no está contemplada por el código civil, ya que en su artículo 2182, dice que la servidumbre personal se extingue con la muerte.
«Queremos que un juez nos aclare nuestra situación, nos sentimos engañados, desprotegidos, y encima no contamos con ninguno de los servicios que nos prometieron. Estamos totalmente aislados», señalan los afectados.
Con ello, este vasto complejo residencial en el que se alzan más de 200 bungalows, del que sólo se vendieron unas treinta casas, se ha quedado prácticamente desértico. La mayoría de residentes, mayores de 55 años, han dejado de ocupar estas viviendas por la desprotección a la que se han enfrentado.
Mientras, algunos de los que quedan, han decidido dejar de pagar los gastos de comunidad, al considerar que no disfrutan de los servicios prometidos.
«Yo no he querido meterme en denuncias, pero me siento engañada igual, he pagado por unos servicios que no tengo», confiesa Mercedes Godoy.
Los residentes se han encontrado este año con otra sorpresa. Una treintena de personas han presentado una queja ante el Ayuntamiento denunciando que la urbanización, gestionada ahora por otra entidad, se está utilizando como un hotel encubierto y criticaron que diferentes webs ofrecen en Internet la posibilidad de reservar habitación en estas instalaciones, cuando está prohibido al no tratarse de suelo con licencia hotelera. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con los actuales gestores del complejo, Santara Resort, sin obtener respuesta.
