No van a cejar en su empeño. Otro mes más, un grupo de afectados por el corte de suministro de agua de la partida rural Els Pontets de Crevillent asistieron al pleno de febrero con el objetivo de trasladar al alcalde, César Augusto Asencio, su malestar por la situación que viven desde hace casi un año y reiterar que es urgente hallar una solución a su problemática. No quieren ir contra nadie, aseguran, simplemente, están cansados «de exigir el mismo trato y los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía».
En el comunicado que leyeron al final de la sesión plenaria, quisieron dejar claro que «no solicitamos nada que no tengan ya nuestros convecinos. Para eso pagamos nuestros impuestos, nuestro IBI, incluso nuestros impuestos por recogida de basuras». Según los afectados, el alcalde esgrime un determinado marco jurídico, «pero como letrado sabe que, con la aplicación del ordenamiento jurídico vigente, se nos debe dotar de un servicio esencial», subrayaron.
En esta partida hay más de 200 viviendas, la mayoría construidas hace décadas, y, de ellas, tan solo 30 ó 40 cumplen con la normativa vigente. No obstante, y según el escrito remitido hace unas semanas por el Síndic de Greuges, aunque las viviendas se encuentran fuera de ordenación, el Ayuntamiento está obligado a paliar, aunque sea de forma provisional, la carencia absoluta de un servicio básico que convierte al inmueble en inhabitable. Por lo tanto, y de acuerdo con la postura que viene manteniendo el Tribunal Supremo, debería autorizarse el suministro de agua y, con ello, podrían contratar agua potable.
Actualmente, muchas de estas casas se están abasteciendo mediante aljibes, cubas y agua privada con uso para riego, con el consiguiente peligro que ello supone para la salud pública. Por este motivo, piden una flexibilización de las condiciones para obtener agua y evitar problemas higiénico-sanitarios.
Además, los afectados indicaron que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el derecho de los vecinos a exigir la prestación de los servicios municipales obligatorios, entre los que figura el abastecimiento domiciliario de agua potable, obligatorio en todos los municipios. Por lo tanto, «el Ayuntamiento deberá proceder a ampliar la red de distribución de agua potable», reivindicaron.
Respuesta
En respuesta a este comunicado, el equipo de gobierno del Partido Popular recordó que, recientemente, el Consistorio modificó la ordenanza reguladora de la primera y posteriores ocupaciones que prevé una tramitación especial para obtener la cédula de habitabilidad en base a unos requisitos mínimos de legalidad.
Por ello, insta a los vecinos a solicitar la primera ocupación, y, una vez contabilizado el número de viviendas que pueden tener legalmente esa ocupación, se valorará la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto de ampliación de la red de agua potable, con un coste estimado de instalación de 2,5 millones de euros.
