El Gobierno Municipal de Crevillent ha desmentido que haya una causa abierta contra el Consistorio por prevaricación y delito ambiental «al permitir la apertura de la planta de Abornasa tras el acta de reparo que levantó el exinterventor Fernando Urruticoechea», tal y como sostiene el Observatorio Contra la Corrupción.
En marzo de 2014, el grupo municipal L'Esquerra presentó una denuncia ante la Fiscalía para pedir la nulidad de la adjudicación del servicio de tratamiento de residuos sólidos a Abornasa, al considerarla ilegal porque la empresa no contaba con la autorización ambiental necesaria. Fuentes municipales recuerdan que las competencias en materia de Sanidad y Medio Ambiente son propias de las consellerias correspondientes, «por lo que la apertura o cierre de la planta de basuras no le corresponde al Ayuntamiento». En su día, explican, Abornasa presentó en el Consistorio una autorización provisional de la Generalitat mientras adaptaba su actividad a la nueva legislación, cuestión ésta que todavía está pendiente de resolución del Consell. «Cuando el Ayuntamiento adjudicó el servicio era porque esta planta estaba correcta para la administración competente», aseguran desde el ejecutivo local.
Desde el equipo de gobierno creen que con este movimiento, Fernando Urruticoechea pretende presionar a la Fiscalía buscando el respaldo de un observatorio que sólo conoce la versión del exinterventor. Se reafirman, además, en que «cualquier persona, asociación, entidad o empresa que haya tenido algún tipo de relación personal con Fernando Urruticoechea sabe que lo que dice no concuerda con lo que hace».
Cosital defiende al interventor
Por otro lado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España (Cosital), ha emitido un comunicado para defender la gestión de Urruticoechea como interventor en Crevillent, y ha destacado que por segunda vez, la administración pública ha desestimado las denuncias del alcalde César Augusto Asencio al alto funcionario.
En octubre, el Ministerio de Hacienda sobreseyó el expediente disciplinario al no considerar los hechos denunciados como faltas muy graves. Por este motivo, considera inviable la incoación de un tercer expediente, ahora por la Comunidad Valenciana, ya que se tendría que repetir «pliego de cargos y práctica de la prueba sobre asuntos ya analizados en dos expedientes». Cosital espera «que no se inicien actuaciones que continúen con una dinámica de persecución carente de contenido».
