El Ayuntamiento de Santa Pola aprobó en el pleno ordinario crear un comisión de seguimiento de los contratos adjudicados por el Consistorio, con el objetivo de ejercer el control y la fiscalización de los contratos públicos por parte de todos los grupos municipales, donde se dé cabida a la participación ciudadana y se puedan prevenir actitudes deleznables tales como desviación de fondos, prevaricación, malversación o cohecho y así poder evitar la lacra de la corrupción. Además, decidió trasladar este acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para promover una modificación legislativa en este sentido en todas las Administraciones Públicas del Estado.
Para el gobierno municipal «es necesario redefinir y objetivar las mesas de contratación desde el seno de la misma y la pluralidad de los partidos políticos para dotarla de una mayor transparencia y actualizar la forma de gobierno. Eliminar a las personas democráticamente elegidas e impedir su presencia en dichas mesas», como proponía el grupo popular en una moción que finalmente no fue debatida, «no es más que un gesto de opacidad, contraria a los principios de transparencia que está promoviendo el Estado».
